CIUDADANÍA

I. Seguridad Ciudadana

1. Prevención, contención y represión de la criminalidad en Costa Rica (p. 151).

• Reforma a la Ley General de Policía Reformar la Ley General de Policía y crear un Sistema de Seguridad Ciudadana que tenga como propósito esencial la prevención, la contención y la represión de la criminalidad en todas sus manifestaciones, como el resultado de múltiples acciones necesarias y fundamentales en el ámbito de la sociedad civil organizada, las comunidades y los ciudadanos.
• Reorganización para la acción: El Ministerio de Gobernación, Policía y Seguridad Pública (Ministerio del Interior) se unificarán legalmente y asumirán el desafío de liderar, según las políticas públicas definidas al más alto nivel por el Consejo de Seguridad Nacional (CSN), el diseño y la puesta en operación de un Sistema de Seguridad Nacional (SSN) moderno y eficiente, que articule y coordine con diversos actores gubernamentales y no gubernamentales, del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y la Asamblea Legislativa, con participación de la sociedad civil organizada, las comunidades y los ciudadanos, acciones preventivas, de contención y de represión de la criminalidad, en procura de la seguridad y “el bienestar del mayor número” y “el bien vivir de los costarricenses” .
• La inteligencia: Insumo clave en la lucha contra la criminalidad. La Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) se transformará en la Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL), adscrita al Ministerio de Gobernación, Policía y Seguridad Pública (Ministerio del Interior), sin menoscabo de la coordinación institucional que, a ese nivel, deberá sostener la DIPOL con el Ministerio de la Presidencia y con el Consejo de Seguridad Nacional.
• Lucha frontal contra la corrupción: Tolerancia cero. Se propondrá un ACUERDO NACIONAL con todas las fuerzas políticas y los representantes de la sociedad civil organizada, en todas las esferas del sector público y en sus relaciones fundamentales con el sector privado y la ciudadanía. Nota de UCR Electoral: Desde el 2019, la Universidad de Costa Rica es parte de la Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción 2021-2030, una iniciativa que ofrece herramientas al Estado y sus diferentes instituciones para reducir la corrupción en sus diferentes presentaciones y etapas, te recomendamos revisar ‘Iniciativa estatal anticorrupción peligra por el desinterés de los candidatos presidenciales’.
• Dignificación de la función y el trabajo policial. Asimismo, se fortalecerá y potenciará al máximo la Escuela Nacional de Policía ubicada en el cantón de Guácimo, maximizando sus instalaciones y demás recursos, como un eje básico central y obligatorio de capacitación y formación policial integral de todos los Cuerpos de Policía, según sus especialidades. Asimismo, se transformará, con el apoyo de órganos cooperantes de países amigos, en una escuela regional modelo para la capacitación profesional de fuerzas policiales de varios países.
• Rendición de cuentas: Se institucionalizará por ley la rendición de cuentas, en forma periódica, así como la valoración y evaluación permanente, al más alto nivel en el Consejo de Seguridad Nacional, de los Cuerpos de Policía.
• El respeto a la legítima defensa: Avanzaremos en el tema del respeto al derecho de rango legal a la portación de armas -en forma regulada- como una manera de prevenir la violencia y de proteger legítimamente la vida humana y los bienes personales. En esa lógica, trabajaremos en el tema del registro de armas para su portación, de manera que la ciudadanía pueda decidir responsablemente sobre esta posibilidad que otorga la ley. Este esfuerzo se complementará con imprescindibles reformas al Código Procesal Penal, porque de solo así tendrá frutos este gran esfuerzo nacional en materia de seguridad ciudadana. Trabajaremos en que los Tribunales de justicia impongan las medidas cautelares de prisión preventiva necesarias en casos de narcotráfico internacional y nacional y alta criminalidad contra la Hacienda Pública. En este sentido, realizaremos una revisión integral del Sistema Penitenciario, integrando activamente al Ministerio de Justicia y a la Dirección General de Adaptación Social y la Policía Penitenciaria, al Sistema de Seguridad Nacional.

Nota de UCR Electoral: El programa de gobierno señala que el derecho a la portación regulada de armas es una “manera de prevenir la violencia”, sin detallar evidencia sobre tal afirmación, porque la disponibilidad de armas suele ser uno de los factores de riesgo que facilitan la comisión de homicidios. Si te interesa leer más sobre el tema, te recomendamos ‘No hay evidencia de que la portación de armas prevenga violencia, como afirma plan del PLN’.

II. Cultura

1. Fortalecer las manifestaciones artísticas y culturales a través de la difusión y el fomento de la enseñanza y actividades que impulsen la libre expresión cultural (pág. 80).

• Realizar, en el marco del 50 aniversario de la creación del Ministerio de Cultura y Juventud, una revisión general de los objetivos y la razón de ser de la institución como ente rector de la cultura del país. El MCJ debe ser coproductor en conjunto con el gremio de cultura en su búsqueda de desarrollo social, identidad cultural y educación por medio de las artes.
• Mantener comunicación constante con el Ministerio de Salud para que los protocolos de salud, debido a la actual emergencia sanitaria, se definan teniendo en consideración las necesidades e intereses para la reactivación económica de la actividad cultural del país.
• Crear un proceso participativo con todos los subsectores artísticos y culturales para diseñar el plan estratégico del sector y su ejecución de corto, mediano y largo plazo.
• Revisar y actualizar la legislación cultural del país para que represente las necesidades culturales de la Costa Rica del siglo XXI.
• Identificar las oportunidades de mejora para cada una de las instituciones culturales existentes y que han representado un esfuerzo histórico de inversión del Estado costarricense.
• Revisar, reactivar y aplicar los convenios de intercambio y cooperación cultural con la comunidad internacional.
• Garantizar el cumplimiento de la Ley de Derechos Autor y Derechos Conexos
• Hacer más accesible la información específica sobre la situación económica del sector cultural y las personas artistas; así como los aportes que realiza al país, para incidir en la toma de decisiones estratégicas de inversión estatal.
• Garantizar el cumplimiento de la Ley 4325, respecto de la publicidad de instituciones públicas.
• Convertir a SINART en una ventana para visibilizar y difundir el arte costarricense, además de utilizarlo como un espacio de apoyo permanente a los Ministerios de Educación Pública y Cultura y Juventud.
• Impulsar la economía naranja por medio del desarrollar el emprendimiento artístico con el fin de estimular el empleo y el crecimiento económico del sector al dinamizar las economías creativas, e incentivar el desarrollo de empresas culturales e industrias creativas en alianza estratégica con el sector privado
• Velar por la expedita reglamentación e implementación de los proyectos de ley del sector cultura que hayan sido aprobados en administraciones anteriores.
• Apoyar las rutas culturales existentes y promover la creación de nuevas rutas en las diferentes zonas del país en estrecha coordinación con el ICT y los gobiernos locales apoyando la expresión de las diferentes identidades regionales.
• Revisar los costos de alquiler de todos los teatros adscritos al Ministerio de Cultura y Juventud para que brinden mayor apoyo a los grupos nacionales. Apoyar un aumento en coproducciones y contratos de riesgo compartido.
• Promover el acceso a diversos espacios en instituciones públicas para programar una amplia gama de actividades culturales fomentando así una política de puertas abiertas al arte y la cultura.
• Presentar un proyecto de ley para que se destine un porcentaje, a establecerse de acuerdo con la capacidad del presupuesto de las Municipalidades, para que sea invertido en el arte y la cultura y con ello promover la creación artística y el fomento de actividades culturales propias de cada zona del país.
• Promover e incentivar la inversión privada en las artes, otorgando beneficios tributarios a los sujetos o las empresas privadas que donen o inviertan en proyectos culturales, hasta por un monto tope por definir con el Ministerio de Hacienda.
• Fortalecer la producción y la circulación cultural fuera del GAM.
• Promover sistemáticamente al gremio artístico a nivel internacional, por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y el Instituto Costarricense de Turismo.
• Implementar un plan de educación en coordinación con el Ministerio de Educación Pública, como herramienta para proteger nuestro ambiente natural y su sostenibilidad por medio de actividades culturales.
• Crear desde el Ministerio de Cultura y Juventud y en estrecha colaboración con los Ministerios de Salud y Educación el proyecto Cultura Preventiva para el bien vivir. Este proyecto utilizará todas las herramientas que proporcionan las diferentes manifestaciones artísticas para lograr generar conciencia sobre el respeto a nuestro propio cuerpo, al de los demás y al ambiente natural.
• Fortalecer las instituciones educativas tales como SINEM, Centro Nacional de Música, Programa de Bandas, Talleres de Teatro y Danza, Compañía Lírica Nacional, programas en los museos, etc.
• Revisar las políticas/protocolos/actividades de las instituciones culturales en relación con la inclusividad.
• Desarrollar plataformas virtuales multiservicios para la difusión cultural.
• Desarrollar planes de desarrollo cultural en las comunidades indígenas para fortalecer la protección del patrimonio material e inmaterial.
• Institucionalizar la paridad de género, horizontal y vertical, en los puestos de dirección de todas las instituciones del sector.
• Hacer accesible el arte y la cultura a toda la población costarricense y a quienes nos visitan.
• Institucionalizar y fortalecer la cooperación entre el Ministerio de Cultura y Juventud y el Ministerio de Educación Pública en diversos programas de educación cultural y en la inclusión de las artes como eje transversal de la educación general.
• Queda implementado, según lo establecido por la UNESCO, una asignación de al menos 1% del presupuesto del Gobierno Central, para invertirlo en Cultura.
• Promover el mejor consumo cultural nacional por medio de un IVA preferencial equiparándolo al IVA para la educación.
• Quedarán institucionalizadas las alianzas público-privadas entre las instituciones del sector y los grupos independientes.
• Crear procesos de mejora en la gestión del patrimonio cultural e inmaterial para fortalecer las identidades nacionales y provinciales y para garantizar una sociedad multiétnica, diversa y pluricultural.
• Financiar, en conjunto con gobiernos locales y el sector privado, la construcción de infraestructura cultural en cantones ubicados fuera de la GAM.
• Actualizar los diferentes inventarios culturales para que reflejen la realidad de lo que ofrece el país.
• Fortalecer y mantener actualizadas las bibliotecas, videotecas, fonotecas y otros archivos culturales.

ECONOMÍA

I. Empleo

1. Programa de Emergencias 9-1-1 para el empleo: El 911 del Empleo persigue cuatro objetivos: proteger y dar esperanza a las familias más necesitadas; promover empleos en sectores intensivos en empleo y con amplia presencia territorial, especialmente jóvenes, y mujeres; preparar talento para los sectores dinámicos de la economía que están enfrentando limitaciones de talento calificado; y crear las autopistas de la nueva economía (pág. 47).

Nota de UCR Electoral: El programa de gobierno señala que esta acción permitirá generar 200 mil empleos en los primeros 24 meses, reduciendo la tasa de desempleo al 9%.

• Se utilizará la construcción de viviendas de interés social y también como medio de reactivación económica; generación de empleo y de desarrollo social.

Nota de UCR Electoral: Se señala que se financiarán 41 mil soluciones de vivienda por año (50% con subsidio), lo que representa un incremento del 64% respecto al promedio de la última década, permitiendo acelerar la atención del déficit habitacional existente, estimado en 183 mil viviendas y producirá 100 mil nuevos empleos en el sector construcción en todo el país.

• Se establecerá un Fondo Nacional de Vivienda por mil millones de dólares, que complementará los recursos existentes de FODESAF. Dicho fondo se alimentará de la titularización de hipotecas y la emisión de instrumentos financieros para que los inversionistas institucionales locales, incluyendo fondos de pensiones, cooperativas, solidarismo, reservas del INS; reservas de la Caja, Jupema y otros, puedan diversificar sus portafolios de inversión.
• Se simplificarán y digitalizarán trámites, así como una reingeniería de la institucionalidad del sector, para agilizar y simplificar la ejecución de esta gran alianza público-privada. Se buscará innovar con otros esquemas alternativos de leasing habitacional, especialmente para las nuevas generaciones, así como programas para mantenimiento de hogares existentes. Se emitirá una declaratoria de emergencia sobre la situación actual de los precarios con el objetivo de erradicar tugurios, cuarterías y mejoras de los barrios.
• Para acelerar la recuperación, urge trabajar, de la mano con el sector turismo, en un programa de emergencia con (1) salvamento de empresas mediante inyección urgente de liquidez por medio de una estrategia que combina fondos de banca de desarrollo y recursos del fondo de avales; (2) impulsar una campaña de vacunación masiva de personas en zonas turísticas (destino seguro para el visitante); (3) reducir los costos laborales, sin menoscabar los derechos de las personas trabajadoras, permitiendo el pago de cargas sociales por tiempo real laborado y extendiendo la flexibilidad temporal en los contratos de trabajo; (4) eliminar el factor de máxima demanda para reducir los cotos de electricidad.

Nota de UCR Electoral: El programa señala que estas medidas temporales, aunadas a un robusto programa de relanzamiento del turismo en alianza con el sector, permitirán recuperar al menos 50 mil empleos en los siguientes 24 meses.

• En el sector agropecuario hay tres sectores que podrían aumentar la demanda laboral a corto plazo: café, palma aceitera y ganadería. En conjunto generan 113,000 empleos directos en la actualidad. Con una inyección cercana a los $150 millones, que se podría financiar con recursos ociosos en banca de desarrollo y un mayor compromiso de la banca pública, se lograría una rápida recuperación productiva y del empleo. Mediante un financiamiento adecuado a la actividad, incluyendo un periodo de gracia extendido, se beneficiarían miles de familias en la zona rural. Este programa tiene un costo de $52 millones y se podría financiar por medio de banca de desarrollo. Adicionalmente, se deben aprobar los proyectos 21.388 Ley del cannabis para uso medicinal y terapéutico y del cáñamo para uso alimentario e industrial, que facilitará el desarrollo de una nueva actividad con gran potencial, así como el 22.437 Ley para el registro de agroquímicos, que mejorará la productividad agrícola, favoreciendo la salud humana y de los ecosistemas.
• Talento 4.0: CINDE estima que existen hoy más de 30 mil nuevos empleos potenciales en las empresas de zona franca, los cuales se podrían perder si no se encuentran las personas con las competencias requeridas. Se desarrollará un programa de formación altamente focalizado para resolver cuellos de botella de talento detectados (inglés y certificaciones técnicas). Permitirá insertar al menos 42 mil personas en empleos vinculados a los sectores más dinámicos en los siguientes 24 meses. El costo del programa ronda los $70 millones, que incluye principalmente el rubro de las becas para los estudiantes, los cuales se podrían financiar combinando recursos del INA, aprovechando opción de financiar becas a terceros bajo nueva ley orgánica del MTSS, incluyendo los 18 mil millones contemplados en el presupuesto extraordinario recién aprobado, y modificando la ley de CONAPE para autorizar el financiamiento de programas cortos con alta empleabilidad.
• Conectividad Universal: Para una transformación digital exitosa, el país requiere de una nueva autopista: conexión universal de banda ancha de internet a todos los hogares, negocios y organizaciones del país. Con una inversión que ronda los $600 millones, realizando 6,200 conexiones diarias con un equipo de 3,000 técnicos, entrenados por el INA, UTN y colegios técnicos, el país podría lograr la ansiada conectividad universal. En una primera etapa, se podría iniciar con la conectividad de centros educativos. La construcción podría ser liderada por el ICE, subcontratando las empresas que requiera para su exitosa ejecución. Para garantizar un acceso universal al servicio, el costo para las familias de menores recursos se subsidiará con recursos de FONATEL para familias registradas en SINIRUBE. Este componente se financiará con los recursos existentes de FONATEL y la titularización de flujos futuros del canon de telecomunicaciones.
• Bono Verde Comunal: Es una transferencia monetaria condicionada para personas en situación de pobreza, riesgo o vulnerabilidad social, que realicen proyectos ambientales a nivel comunal y procesos de formación y capacitación. Se propone un subsidio condicionado de 120 mil colones por 120 horas mensuales durante 6 meses, enfocado prioritariamente en madres jefas de hogar con responsabilidades de cuido y sin empleo, para la realización de obras comunales vinculadas con recuperación de cuencas, reciclaje, embellecimiento de comunidades, limpieza de playas y parques, u otros que disminuyan la huella de carbono. El programa se establecerá como una alianza público-privada, entre el gobierno nacional, el gobierno local y las empresas privadas presentes en las comunidades, que beneficiará directamente a 20 mil personas, al menos 80% mujeres. Se incluirá en todos los casos formación en habilidades blandas y competencias técnicas necesarias para mejorar la empleabilidad de las personas beneficiarias. El programa se gestionará desde el IMAS, en alianza con el programa de obra comunal del Ministerio de Trabajo. Se estima un costo cercano a los $30 millones, los cuales se obtendrán de fondos disponibles en las instituciones del sector social y excedentes de otras entidades del Estado.

Nota de UCR Electoral: Te recomendamos revisar 'Analistas valoran las propuestas en empleo y reactivación de las mypymes en los planes de los candidatos'. 

II. Reducción de la pobreza e inclusión

1. Piso Económico Familiar (PEF): Se pretende garantizar una Renta Mínima Familiar (RMF) a los hogares que no alcanzan un nivel mínimo, o piso, de ingresos. El PEF erradica la pobreza extrema en hogares con niños en extrema pobreza; reduce las brechas de pobreza y universaliza las pensiones no contributivas a todas las personas adultas mayores en pobreza. El costo estimado es de 230 mil millones de colones y se puede financiar reasignando recursos existentes para el combate de la pobreza (pág. 52).

2. Corresponsabilidad de los cuidados y empoderamiento económico de las mujeres: Entre otros desafíos y deudas que tiene el país con las mujeres, es de primera necesidad avanzar en la corresponsabilidad social de los cuidados, como elemento indispensable para progresar hacia su autonomía y empoderamiento económico (pág. 53).

• Impulsar la superación de todo tipo de barreras de discriminación que limitan el acceso equitativo e igualitario de las mujeres al mundo del trabajo remunerado e impulsar el aprovechamiento del bono de género.
• Promover el logro educativo de las niñas, adolescentes y jóvenes; así como la capacitación y formación de mujeres en áreas de alta vinculación al mercado de trabajo.

3. Reconstrucción de las redes de cuidado infantil y personas adultas mayores: Para mejorar el desarrollo de los niños y las niñas y promover la calidad de vida en las personas adultas mayores (pág. 54).

• Universalizar, en un periodo máximo de 20 años, la Red Nacional de Cuido (RNC) y Desarrollo Infantil, con un aumento superior a 8.000 beneficiarios por año, mediante la ampliación de alternativas de atención y el aseguramiento de la calidad de los servicios.
• Estrategia Nacional de Envejecimiento que garantice la dignidad y la protección de los derechos humanos de las personas adultas mayores. Se precisa un aumento de 54.000 beneficiarios en pensiones del RNC y la ampliación de la cobertura de la Red de Atención Progresiva para el Cuido Integral de las Personas Adultas Mayores.
• Programa Nacional de Seguridad Nutricional, para garantizar que la niñez y vejez en situación de pobreza reciben los nutrientes que su organismo requiere; así como la formación de hábitos alimenticios saludables y sustentables.

III. Política macroeconómica

1. Política y reforma fiscal: El objetivo central de la política fiscal es proteger la sostenibilidad de las finanzas públicas para salvaguardar el Estado de Bienestar, fortaleciendo la eficiencia y la calidad de los servicios públicos y con esto modernizar el modelo de desarrollo costarricense (pág. 85).

• Mejorar la estructura del presupuesto de tal forma que refleje mejor las prioridades sociales y económicas de nuestro país. En primer lugar, vamos a examinar de forma detallada el Presupuesto vigente e identificar potenciales ahorros e ineficiencias.
• Algunas de las prioridades incluyen transferencias sociales bien focalizadas, salud, educación técnica y preescolar, descarbonización, adaptación al cambio climático, conectividad a internet de banda ancha y mejoramiento y mantenimiento de infraestructura.
• Digitalizar procesos de gasto, especialmente en compras públicas y en el gasto social. Esto permitiría fortalecer la rendición de cuentas y reducir las oportunidades de corrupción.
• Mejorar programas sociales, fortaleciendo las bases de datos y los mecanismos para que el gasto llegue a los que más lo necesitan y con evaluación técnica y en tiempo para determinar la efectividad y re-optimizar de ser necesario.
• Implementación adecuada de la Ley Marco de Empleo Público, como instrumento para racionalizar las remuneraciones y reducir las inequidades dentro del sector público y en relación con el sector privado.

Nota de UCR Electoral: En la página 86 se hace mención de la Ley de Empleo Público: “El ajuste fiscal adicional (más allá de la Ley 9635) puede manejarse de mejor forma en el marco del Acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la agenda de consolidación que ahí se plantea. Un elemento esencial de esa agenda es, por el lado del gasto, la Ley de Empleo Público”. También, este párrafo se reitera exactamente igual en la página 26. Te recomendamos profundizar en el tema con ‘Empleo Público: el proyecto que apoyan los cuatro partidos con mayor ventaja electoral’.

Nota de UCR Electoral: Acerca del tema de los impuestos, te recomendamos revisar ‘La engañosa oposición a crear “nuevos” impuestos’.

• Medidas de reforma del Estado, aprovechando oportunidades de reorganización institucional, para mejorar servicios, lograr ahorros y eficiencias y adaptar el Estado a las nuevas demandas y necesidades.
• Con la complicada situación fiscal, se deben buscar opciones creativas para avanzar en la infraestructura de nuestro país, como las diversas modalidades de asociaciones público-privadas. Por lo tanto, se examinará al Consejo Nacional de Concesiones, y se impulsarán opciones innovadoras con contingencias fiscales controladas.
• Se creará en el Ministerio de Hacienda la Unidad de Calidad del Gasto, un instrumento fundamental para fortalecer la rendición de cuentas, la transparencia y la mejora en el gasto, especialmente el social y la inversión pública. Hacer reformas en los sistemas de pensiones para hacerlos sostenibles en el mediano y largo plazos.
• Seguir actuando sobre los disparadores del gasto público con evaluación responsable y objetiva de la regla fiscal, haciendo un manejo inteligente de las opciones financieras.
• Como parte de la mejora en la asignación del gasto, se promoverán también las alianzas público privadas.
• Se promoverán mejoras en el sistema tributario en línea con las estimaciones de requerimientos fiscales y con las mejores prácticas de la OCDE. Para cualquier iniciativa de reforma tributaria se aplicará el principio de que sea progresiva, de manera que contribuya al objetivo de reducir la desigualdad. Además se darán pasos para simplificar el gran número y la compleja estructura tributaria que tiene el país, derogando docenas de impuestos de costosa administración y bajo rendimiento. Al mismo tiempo, se evaluará cómo la propuesta de un impuesto de renta mínimo de 15% a nivel mundial se podría implementar en Costa Rica.
• Se fortalecerán las administraciones tributarias y aduaneras para que se cobre bien lo que se tiene que cobrar, mientras se mejora el control y se facilita el comercio. Se va a realizar una evaluación profunda del recurso humano y de los procesos en ingresos, para reducir la evasión y el contrabando, así como cerrar portillos que permitan actos de corrupción.
• En la Dirección General de Tributación: i) se mapearán los procesos actuales, de tal forma que se pueda proponer alternativas para avanzar en la integración de todas la unidades para maximizar el rendimiento de las acciones; ii) se fortalecerá la inteligencia tributaria para que las auditorías se realicen en empresas que tengan indicios de sub-declaraciones; iii) se avanzará en la digitalización de la administración tributaria, de forma que haya mejor control cruzado de información y se reduzcan los costos de cumplimiento para el ciudadano; y iv) se evaluará la idoneidad del personal y la estructura organizacional.
• En la Dirección General de Aduanas se tomarán acciones similares, con el objetivo de que el área de ingresos funcione de forma integrada y que toda la información disponible se puede utilizar para encontrar a los evasores y los agentes que deciden llevar a cabo actividades ilícitas como el contrabando.
• Se evaluarán los incentivos a la formalización y el uso del factor trabajo en el sistema productivo costarricense. Se realizará una propuesta para sustituir cargas sociales, que son de las más altas de América Latina, por impuestos generales.

Nota de UCR Electoral: En relación con las “cargas sociales”, te recomendamos revisar ‘Propuesta de candidatos de reducir cargas sociales podría debilitar a la Caja’.

• Se promoverá un nuevo régimen de tratamiento impositivo simplificado y reducido para las micro y muy pequeñas empresas, con el fin de estimular su formalización, el uso por parte de ellas de la factura electrónica, y la ampliación de la base tributaria.
• Se buscarán formas de pasar deuda de corto plazo a más largo plazo, para aliviar la carga del servicio de la deuda en el corto plazo. En este sentido, se continuará la política de los canjes, y se impulsará la comunicación continua y detallada con los inversionistas, tanto locales como internacionales.
• Se procederá a continuar sustituyendo deuda interna por deuda externa de origen multilateral y en condiciones muy favorables, con la necesaria autorización de la Asamblea Legislativa.
• Se evaluarán mecanismos para facilitar la inversión de portafolios internacionales en instrumentos locales, preferiblemente en colones, en línea con lo que han hecho varios países de la región.
• Se creará en la Dirección General de Crédito Público la Unidad de Relación con el Inversionista.
• El Ministerio de Hacienda deberá modernizarse e integrarse al mundo digital que vivimos. Se debe profundizar la digitalización de procesos eficientes que permita el mejor funcionamiento del Ministerio y reducir las ineficiencias y los dineros ociosos, en donde la caja única juega un rol clave.
• La inversión debe jugar un rol clave para la reactivación económica en el corto plazo, sentando las bases para lograr mayor crecimiento en el mediano.
• La política monetaria a cargo del Banco Central de Costa Rica deberá seguir estando enfocada en la estabilidad.

Nota de UCR Electoral: Te podría interesar leer ‘Próximo gobierno designará al presidente del BCCR por 5 años’.

IV. Crecimiento, Transformación Productiva y Comercio Exterior

1. Comercio exterior e internacionalización: Reposicionamiento internacional y local en materia de atracción de inversiones y promoción de exportaciones (pág. 91).

• Promoviendo una nueva etapa de reposicionamiento e integración del país con el mundo.
• Mejorando la eficiencia de los mercados y la institucionalidad y políticas de apoyo con base en la consideración y discusión seria de las orientaciones de política y análisis de la OCDE, organización de la que Costa Rica es el miembro pleno número 38 desde 2021.
• Profundizando los esfuerzos por mejorar el clima de negocios y la competitividad del país en todos los aspectos relevantes incluyendo el talento humano, la infraestructura vial, aeroportuaria y portuaria; la facilitación del comercio y la racionalización y eliminación de la carga regulatoria.
• Se continuará negociando con sentido estratégico tratados de libre comercio (TLCs) que abran nuevos mercados para las exportaciones costarricenses y hagan al país más atractivo para la inversión extranjera directa. También se procederá a la revisión y modernización de los TLCs existentes según sea apropiado.

2. Aplicación sistemática de una nueva generación de políticas de desarrollo productivo y aprovechando al máximo las herramientas de la revolución tecnológica y digital: Se favorecerá el crecimiento y desarrollo económico (pág. 92).

• Programa acelerado de conectividad a internet de banda ancha: Se puede hacer en dos o tres años a un costo que no está fuera de las posibilidades del país. Además de crear empleos, esta es una inversión con una tasa de retorno altísima porque permitirá la transformación digital del país.
• Estrategia integral de transformación digital: Se debe hacer un esfuerzo para maximizar el uso de la internet de banda ancha por parte de todos los actores.
• Un Programa Nacional de Iniciativas Clúster: Existen tres iniciativas de clúster en turismo, productos agropecuarios y logística en la Región Caribe apoyadas por el INDER, la Universidad Earth, el ITCR y otras instituciones; en productos agropecuarios y tecnologías de la información y comunicaciones en la Región Huetar Norte; en dispositivos médicos y ciberseguridad a nivel nacional, entre otras. Se fortalecerán éstas y otras ICs bajo un Programa Nacional de Iniciativas Clúster, que haga apuestas productivas específicas en todas las regiones del país.
• Políticas de Competitividad Regionales. Se establecerá no sólo un Consejo Nacional de Productividad, sino un Consejo Regional de Productividad en cada región.
• Fortalecimiento de los ecosistemas empresariales y de emprendedores. El desarrollo productivo consiste no solo en apoyar a las empresas existentes sino también a los nuevos emprendimientos y a empresas emergentes.
• Alianzas público-privadas para la construcción de infraestructura y otras áreas. Es necesario hacer algunas reformas con respecto al funcionamiento y la gobernanza del Consejo Nacional de Concesiones (CNC) así como en materia de preparación y supervisión de los proyectos y su transparencia.
• Sistema Nacional de Innovación (SNI) fortalecido: Fortalecimiento del MICITT, fortalecer la nueva Promotora de Innovación recién creada como agencia de implementación de las políticas de innovación, la promoción de emprendimientos, la mejora de los mecanismos y fondos para el financiamiento, con la meta de al menos duplicar la tasa de inversión en I+D a 1% del PIB en el 2025.

3. Desarrollar de manera acelerada las competencias laborales de los recursos humanos: Aprovechando los recursos del PIB invertidos en educación y formación profesional (pág. 96).

• Un programa para proveer a las personas que no han terminado la secundaria oportunidades para terminarla, o competencias básicas equivalentes.
• Un programa acelerado para reducir las brechas de acceso a formación virtual.
• Mejorar y ampliar la formación profesional con sistemas de aprendizaje a lo largo de la vida.

V. Ecosistema de emprendimiento

1. Estimular la creación y el fortalecimiento de empresas, convirtiendo al Estado en un socio estratégico de las personas emprendedoras: Mediante una herramienta de ejecución institucional y un conjunto de condiciones que permitan sostener y potenciar a pequeñas, medianas y grandes empresas a nivel nacional por medio de la debida canalización de recursos financieros y no financieros, siempre teniendo a la persona emprendedora en el centro de dicho proceso de servicio (pág. 99).

• Simplificación burocrática: Buscamos facilitar la tarea del emprendedor nacional acelerando trámites como permisos de salud, así como fortaleciendo el sistema de Ventanilla Única de Inversión y creando accesos directos al mismo desde los distintos portales digitales dedicados al emprendimiento. Por otro lado, se plantea un esquema de pagos escalonados para la Caja Costarricense del Seguro Social, dichos escalones se darían en pasos de 20% a lo largo de 5 años para permitir a emprendedores una mayor flexibilidad presupuestaria y así incentivar su crecimiento, lo cual asegura que el Seguro tendrá colaboradores en el largo plazo. Por último, se busca un sistema de amnistía para que, por una única vez, los emprendimientos puedan registrarse a la Caja sin que se revise el pasado empresarial de sus dueños y accionistas.
• Horas de Trabajo Comunal Universitario: Con tal de exponer a estudiantes universitarios a una experiencia más completa de la realidad nacional, y con el objetivo de luchar contra la desalineación de destrezas técnicas y a su vez dotar a los estudiantes de experiencia laboral y habilidades blandas que necesitarán para el avance de sus carreras, así como de exponer a dichos estudiantes al mundo del emprendimiento, se plantea la posibilidad de abrir espacios en los proyectos de TCU de alumnos (en especial aquellos terminando su carrera) para que los mismos dediquen horas de su trabajo a capacitar en temas de su profesión, dar seguimiento y apoyar a emprendedores o Pymes que lo requieran. Esta propuesta asegura el acceso a pequeñas y medianas empresas a conocimiento técnico que pueden requerir para la continuidad de sus operaciones, así como la exposición de estudiantes a la experiencia de trabajar un tiempo con emprendimientos que inician su proceso.

Nota de UCR Electoral: Desde la Universidad de Costa Rica, los espacios y proyectos de Trabajo Comunal Universitario mantienen y refuerzan las características que el programa de gobierno señala, entre otras (leer más). También, la UCR cuenta con diversos proyectos dirigidos al apoyo de emprendimientos en el país, como Auge y Crea-C.

• Horas de trabajo en colegios profesionales: Con el objetivo de apoyar el desarrollo de emprendimientos y Pymes que cumplan ciertos requisitos para el programa, se busca la integración de nuevos profesionales y jubilados a la capacitación y apoyo de emprendedores por medio de un sistema de trabajo ad-honorem o pro-bono, en el que los miembros participantes “adoptan” a una Pyme. En dicho sistema, los profesionales que recién se incorporan a la asociación se les asignará una cantidad limitada de horas para que trabajen dentro de los límites de su área de estudio con emprendimientos nuevos o recientes que requieran de asesoría o apoyo. En el caso de los jubilados, estos se podrán registrar como asesores si cuentan con 10 o más de experiencia verificable por testigos. Lo anterior debido a que se planea que los jubilados desplieguen su experiencia en emprendimientos con modelos de negocios y productos más establecidos, así como planes a largo plazo más concretos.
• Financiamiento: Se planea aumentar la tolerancia al riesgo del Sistema de Banca para el Desarrollo, para que la institución despliegue los más de 100 millones de dólares ya sea en créditos para empresarios pequeños o en capital semilla para proyectos escalables y modelos de negocio de tipo Start-Up que propongan ideas innovadoras. Lo primero se plantea a través del establecimiento de Grupos de Acción Territorial, (GAT) los cuales son asociaciones u operadoras bancarias/financieras no reguladas por la SUGEF, lo cual permite una colocación de créditos a nivel cantonal con mayor alcance y a una tasa de interés más blanda para Pymes. Para el capital semilla, se plantea la ampliación de los servicios por medio de operadores privados, tanto ya utilizados como nuevos operadores a encontrar a través de sondeos para identificar entidades aptas para el manejo de fondos públicos.

VI. Turismo

1. Plan Visión Turismo: El Plan Visión Turismo es una propuesta integral, concreta y visionaria para darle al turismo la prioridad que merece. Brinda una visión estratégica para rescatar la industria turística, asumir el reto de innovar, ser resilientes ante los cambios y nuevos desafíos y definir el camino para que el turismo vuelva a posicionarse como el motor de desarrollo económico y social de Costa Rica (pág. 101).

• Conectividad aérea: Diseñar un plan integral fuerte, ambicioso e innovador para la atracción y permanencia de las aerolíneas: “Del mundo a Costa Rica con una parada”.
• Turismo náutico: Articular esfuerzos para establecer y promover la industria del turismo náutico, así como facilitar el desarrollo de los diferentes nichos y servicios que la conforman (marinas, atracaderos, cruceros, mega yates, veleros, proveedores de artículos, revistas especializadas, actividades deportivas y recreativas (pesca deportiva, buceo, observación de delfines y ballenas, entre otros).
• Infraestructura turística: Impulsar el mejoramiento de la infraestructura turística que comprende servicios básicos, red vial, transporte, señalización, parques nacionales, seguridad, aeropuertos internacionales y locales, terminales portuarias, muelles, atracaderos, entre otros.
• Experiencias: Posicionar a Costa Rica como el destino del bienestar con sello tico (Wellness Pura Vida), cuya oferta innovadora, sensorial, regenerativa y con propósito, esté acorde con las tendencias, gustos y preferencias de los distintos grupos generacionales.
• Adaptación tecnológica y automatización: Diseñar e implementar una estrategia de digitalización que facilite la adaptación tecnológica del destino y la cadena de valor turística.
• Recuperación del ecosistema turístico: Implementar un plan para el fortalecimiento y la recuperación de la estructura empresarial turística actual en el corto plazo.
• Atracción de inversiones: Posicionar a Costa Rica como un destino idóneo que facilita la atracción de inversiones turísticas acorde con la visión del país y velando por el equilibrio de la estructura del tejido empresarial y la generación de empleo.
• Seguridad integral: Consolidar a Costa Rica como un destino responsable que afronta la seguridad turística de manera integral.
• Posicionamiento internacional: Posicionar a Costa Rica internacionalmente como un destino turístico actor de cambio.
• Fortalecimiento y promoción del turismo interno: Elaborar un plan de acción integral y permanente para que el país se posicione como el destino predilecto por los costarricenses para vacacionar.
• Reingeniería turística y empoderamiento femenino: Potenciar al turismo como la industria que impulsa el liderazgo femenino, los emprendimientos, la inclusión, igualdad, el trato justo y el empoderamiento de las mujeres que conforman el sector turístico.
• Capacitación: Diseñar y ejecutar un plan nacional de formación y capacitación para colaboradores turísticos actuales y futuros.
• Educación: Priorizar la vinculación del turismo en los planes y programas de educación nacional.

Nota de UCR Electoral: Esta sección se redujo considerablemente, por su larga extensión, se recomienda revisar a profundidad el plan de gobierno si te interesan estas propuestas.

VII. Economía Social

1. Iniciativas estratégicas para una Costa Rica de personas propietarias (pág. 120).

• Hacer efectivo el principio de la copropiedad que establece la ley del Banco Popular para avanzar hacia una institución propiedad de los trabajadores.
• Desarrollar y profundizar el Mercado Accionario.
• Avanzar hacia el fortalecimiento del movimiento comunal, por medio de una reforma legal que le brinde una institucionalidad formal, como podría ser el Instituto Nacional de Fomento y Desarrollo Comunal (INFODECO).
• Fortalecer la asociatividad de las empresas de la economía social por medio de modelos positivos como el de la Cámara Nacional de Economía Social Solidaria.
• Consolidar el sector de Economía Social para que pueda incidir positivamente en el sistema político y contribuir a democratizar más nuestra democracia.

2. Fortalecimiento de la economía social y su función de desarrollo (pág. 120).

• El fortalecimiento legal e institucional, con la creación de una Ley marco de la economía social y el acceso oportuno a financiamiento en condiciones favorables.
• Financiamiento: Asegurar la transferencia del 2% del impuesto de la renta al sector de desarrollo comunal.
• Competitividad: Promover la creación de empresas sociales en sectores dinámicos por medio de asistencia técnica y programa de aceleración.
• Sector agropecuario, pesquero y ruralidad: Favorecer participación en compras públicas, reducir plazos de pago del Estado, regionalizar centros de valor agregado y potenciar el mercado regional Chorotega.
• Ciudades sostenibles: Apoyar la participación de asociaciones de desarrollo comunal como proveedoras de servicios en espacios urbanos.
• Ambiente: Fomentar participación de la economía social en prestación de servicios ambientales y dotar de seguridad jurídica co-manejo de áreas silvestres protegidas. Apoyar la modernización tecnológica de coligalleros de Abangares para una minería artesanal responsable.
• Regulación: La supervisión financiera debe facilitar el financiamiento de empresas sociales y el desarrollo de productos con fines solidarios. Se deben eliminar barreras al crédito de vivienda y a emprendedores por medio de avales solidarios. Urge promover el desarrollo de un mercado de inversión por impacto, y el uso de fondos de pensiones para proyectos financieramente sostenibles y de alto impacto social y económico.

Nota de UCR Electoral: El candidato presidencial ha señalado en diversos momentos que pretende utilizar los fondos de pensiones para diversos proyectos de su programa, te recomendamos revisar ‘Figueres apoya invertir fondos de pensiones en obras de infraestructura en el país’.

• Protección social: Impulsar modelos de aseguramiento colectivo para estimular la formalización, como las experiencias de la CCSS con organizaciones del sector agropecuario.
• Mujeres: Promover políticas públicas de paridad de género en las organizaciones de la economía social, así como de empoderamiento económico por medio de servicios de desarrollo empresarial financiero y no financiero, y la promoción del consumo local, y del comercio justo y solidario.

3. Impulso al sector cooperativo (pág. 121).

• Fomento: Estrategia orientada a jóvenes, innovadores tecnológicos, profesionales y, medianos y pequeños emprendedores que implemente las siguientes acciones: simplificación de mecanismos para constituir una cooperativa, valorar conveniencia de cambiar el número de personas requerido, establecer incubadoras en alianza con SBD y otros socios, facilitar acceso a recursos para emprender, entre otras.
• Financiamiento: Democratizar acceso a crédito de INFOCOOP, agilizar procesos de aprobación, modificar garantías y establecer capital ángel.
• Gobernanza: Reformar Ley de Asociaciones Cooperativas (LAC) para democratizar los procesos de elección del CONACOOP y los representantes cooperativos ante el INFOCOOP. Promover una representación que incluya: paridad de género, representación proporcional y elección por papeletas no por nómina completa.
• Educación y capacitación: Formular un plan nacional de educación y capacitación cooperativa liderado por el CENECOOP R.L., las uniones y federaciones, en alianza con socios estratégicos nacionales e internacionales.
• Empleo y formalización: Impulsar modelo asociativo de autogestión para formalizar trabajadores por cuenta propia y otros colectivos de difícil cobertura.
• Marco legal: Permitir acceso de cooperativas a SBD y FODEMIPYME, y simplificar requisitos para conformación de cooperativas.
• Sector agrícola-industrial: Promover participación en nuevos sectores de la economía como energías renovables y biocombustibles.
• Sector salud: Mayor apertura del Estado para incorporar a las cooperativas en la prestación de servicios de calidad en distintos niveles de atención y explorar internacionalización hacia turismo médico.
• Sector juventud: Crear políticas para atraer personas jóvenes y activo fondo disponible en INFOCOOP para cooperativas juveniles.
• Sector autogestión: Establecer fideicomiso por parte del Fondo Nacional de Autogestión para aumentar las facilidades de crédito para las empresas autogestionarias.
• Sector electrificación: Apoyar el Modelo Eléctrico Nacional, basado en principios de solidaridad y universalidad, e impulsar modelo de cooperativas de electrificación a nivel nacional.
• Sector ahorro y crédito: Revisar y mejorar modelo de regulación/supervisión financiera y valorar la creación de un Consejo Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito.
• Sector hídrico: Permitir a cooperativas administrar y operar el recurso hídrico, y eliminar el actual convenio de delegación.

SALUD

I. Salud

1. Impulsar un Sistema Nacional de Salud (SNS) Integral e Integrado: Un sistema que saca provecho de la intersectorialidad y fomenta el acceso a la salud mediante el trabajo en conjunto de la CCSS, otros entes del sector público, así como entes del sector privado (pág. 136).

• El Ministerio de Salud se afianzará como ente rector del Sistema Nacional de Salud bajo el concepto de la intersectorialidad y con el enfoque de UNA SALUD.
• El Ministerio de Salud será el garante de ejercer la Rectoría comprendida como la capacidad para tomar la responsabilidad de la salud y el bienestar de la población, mediante la Producción Social de la Salud, liderando, articulando, conduciendo, creando alianzas entre sectores.
• Fortalecer la vigilancia de eventos con Sistemas de Información robustos que permitan el registro y su análisis en tiempo real para la toma de decisiones.
• Contar con un Análisis de Situación Integral en Salud (ASIS) en los tres niveles de gestión que permita identificar de manera articulada con los actores sociales sectoriales e intersectoriales, los principales problemas de salud y las acciones estratégicas para su abordaje integral desde el enfoque de los determinantes de la salud.
• Actualizar los sistemas y simplificar trámites vigentes como REGISTRALO, registro de medicamentos, registro de productos de interés sanitario.
• Regular las tecnologías sanitarias y la gestión del recurso humano.
• Abordar el impacto del cambio climático en la salud pública, como la aparición de enfermedades vectoriales, enfermedades emergentes y reemergentes.
• Impulsar la donación de órganos y tejidos.
• Reactivar el Consejo Nacional de Cáncer.
• Continuar con la acreditación de servicios de salud.
• Reforzar el Primer Nivel de Atención, bajo el enfoque de Atención Primaria en Salud, procurando que este nivel sea más resolutivo.
• Dar énfasis a la prevención y control de las enfermedades crónicas no transmisibles (DM, HTA, Cáncer, cardiopatías), la promoción del envejecimiento saludable, la alimentación saludable y prevención de la obesidad, y la salud mental, fortaleciendo la Secretaría Técnica en Salud Mental.
• Impulsar la Promoción de la Salud, facilitando a las personas el control de su salud, promoviendo el autocuidado y los hábitos saludables.

2. Fortalecer el modelo de prestación de servicios de salud CCSS: Con la finalidad de mejorar la coordinación de la prestación de servicios de la CCSS (pág. 138).

• La CCSS implementará un modelo de prestación de servicios que establezca intervenciones por escenarios y niveles de atención, desde el primer nivel de atención hasta los centros especializados.
• Se renovará, transformará y centralizará el manejo de datos en la CCSS, fortaleciendo el Expediente Electrónico Único en Salud, y la arquitectura informática articulado con el MINSA para la oportuna toma de decisiones.
• Se crearán unidades administrativas compartidas, para aprovechar economías de escala en la adquisición de insumos, y mejorar la eficiencia. Esto no significa que los establecimientos pierdan su autonomía técnica.
• Continuar desde el Gobierno impulsando los proyectos de construcción de los Hospitales.

3. Fortalecer el talento humano y las tecnologías sanitarias al servicio de la población: Mejorando el sistema para planificar el desarrollo del talento humano en el sector salud y la gestión de las tecnologías sanitarias (pág. 139).

• El Ministerio de Salud, de la mano con Universidades, Instituciones de educación superior, centros tecnológicos y otros, potenciarán un ambiente de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) en materia de tecnologías sanitarias entre diferentes actores ciudadanos y grupos de iniciativa pública y privada, mediante la creación de la Superintendencia de Evaluación Tecnológica Sanitaria (SETS), unidad técnica a cargo del MINSA responsable de la rectoría de datos de salud del país.
• El SNS aprovechará las tecnologías de información para impulsar telesalud, teletrabajo, trabajo extramuros y capacitación virtual, así como un nuevo sistema de interconsulta virtual, para que el médico de cabecera discuta los casos de pacientes que requieran la valoración de un especialista.
• Se desarrollará el sistema de referencia, contra referencia y traslado entre la red hospitalaria integrando al EDUS, con el sistema de traslado digital implementado para traslado en tiempo real de las personas usuarias con COVID.
• Con la aplicación de tecnologías de la información se valorará contar con una sola lista de espera a nivel nacional y que las citas se asignen en el cupo más próximo en fecha, indistintamente del hospital donde se encuentre la agenda de la especialidad. Bajo el Concepto que “La caja es una”.
• La formación de especialistas y la adquisición de tecnologías sanitarias serán reguladas por el MINSA en función de la necesidad del país. F. El MINSA impulsará la industria biotecnológica, así como la investigación de nuevas tecnologías preventivas, diagnósticas y terapéuticas, en temas como el cáncer, medicamentos, trasplantes, entre muchas más.
• El SNS fortalecerá tecnologías sanitarias como la Terapia Celular Avanzada (Células Madre) y el Banco Nacional de Tejidos de Órganos en los centros especializados.
• Impulsaremos al CENDEISSS como el “Cerebro Científico” del Sistema Nacional de Salud Impulsando una agenda de investigación, métodos innovadores basados en evidencia científica, la industria biotecnológica.
• Se apoyará el acceso de la población a los servicios y productos de salud (medicamentos, implementos médicos y otros), mediante la negociación con involucrados nacionales y extranjeros, la simplificación de trámites y una legislación que estimule la competencia.

4. Garantizar respuesta oportuna a los problemas y necesidades de salud con mayor demanda e impacto: Salud mental, enfermedad bucodental y enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT): Para abordar los retos a los que se enfrenta la CCSS con el contexto actual y las complicaciones generadas por la COVID-19, la pobreza y el desempleo, entre otras cosas (pág. 140).

• La CCSS Implementará un programa nacional de detección temprana para los tipos de cánceres que se presentan con mayor mortalidad, con el objetivo de aumentar el diagnóstico temprano a un 40% de la población a nivel nacional en los dos primeros años en las zonas seleccionadas de mayor incidencia, una vez implementado el programa.
• El Ministerio de Salud activará el Consejo Nacional de Cáncer bajo su coordinación para integrar los esfuerzos intersectoriales en materia de cáncer.
• Se le dará prioridad a la promoción y la prevención en nuestro Modelo de Prestación, transformando la atención de las enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes, hipertensión en atención de carácter universal, para ello se valorar crear una nueva modalidad de aseguramiento: “Sistema de Protección Social Universal (SPSU)”, garantizando la universalidad en la cobertura y atención de la población no asegurada por el régimen contributivo en el primer nivel de atención.
• Cerrar las brechas de EBAIS en el I primer nivel de atención al conformar más de 200 EBAIS sin la necesidad de construcción de obra gris y equipamiento de estos, pues podrían considerar utilizar los edificios y equipos de los EBAIS ya existentes en horario vespertino de 4pm a 8pm aprovechando los costos pasivos que ya están contemplados en los presupuestos de operación de 7am a 4pm.
• Garantizando el acceso a nuevos servicios de salud a 881 519 personas - Se crearán dos nuevas Áreas de Salud: Cartago y Pérez Zeledón hoy día tienen más de 125,000 personas.
• Se cerrará la brecha de medicina familiar y comunitaria en todas las áreas de salud acorde a las características demográficas.
• Se promoverá la capacitación de médicos generales con enfoques técnicos a través de programas de formación en el CENDEISSS (Cáncer, Enfermedades crónicas no Trasmisibles, Pediatría, Osteoartropatias, Manejo del Dolor) se fortalezca el primer nivel de atención.
• Se fortalecerá la prevención y estilos de vida saludables por medio de Alianzas público-privadas que permitan forjar una cultura de autocuido. - Asociaciones de Desarrollo Comunal (ADI, CONAI) y de Salud - CCSS - CONVENIO CCSS-DINADECO-CONADECO-ICODER.
• Se implementarán las Unidades de Atención Hospitalaria Comunitaria (UAHC, atención domiciliaria) que darán atención y seguimiento domiciliar a los casos de menor complejidad.
• Se desarrollará un Programa de atención a pacientes con Enfermedades Crónicas no transmisibles, donde se promoverá la diversificación y reconocimiento de diversas especialidades en Enfermería, acciones de promoción, prevención, atención y rehabilitación en pacientes con ECNT y la enfermera comunitaria en cada área de salud liderará este programa de ECNT.
• El SNS fortalecerá los equipos interdisciplinarios en salud mental para brindar un abordaje integral acorde al modelo de prestación.
• El MINSA coordinará con el MEP la promoción de la salud mental por medio del sistema educativo, incluyendo el SINART como canal educativo.
• La CCSS creará e implementará los Servicios de Psiquiatría en Hospitales Regionales y Periféricos de la CCSS acorde al modelo de prestación.
• Se fortalecerá la prevención de suicidio bajo el enfoque “Vivir la Vida”, recientemente elaborado por la Organización Mundial de la Salud.
• El MINSA impulsará, en alianza con los medios de comunicación, campañas de promoción de la salud mental.
• El SNS fomentará programas de medicina laboral a nivel público y privado del tema de promoción de la salud mental en los trabajadores.
• El Estado establecerá mecanismos para financiar programas de salud mental con recursos confiscados por actividades ilícitas.

5. Impulsar estrategia de recuperación de los servicios: Pandemia y sus consecuencias: Una estrategia que pretende acelerar el proceso de vacunación y un plan para remediar el deterioro en la salud de las y los costarricenses como consecuencia del COVID-19 (pág. 142).

• La CCSS, en conjunto con los integrantes del SNS, desarrollará un Plan de Recuperación SOS, el cual incluye acciones para atender las listas de espera de cirugía, consulta externa y procedimientos, en los primeros 12 meses. Se creará una lista única de atenciones, independiente del área de atención, que permita priorizar la atención de los pacientes en dos grupos, clasificados de acuerdo con criterios asociados como nivel de complejidad, edad, riesgo de complicaciones.
• Se plantea la creación de una fábrica con tecnología mRNA en Costa Rica, que garantice vacunas hoy para COVID y a futuro para influenza y otras enfermedades emergentes.
• Como acciones en el corto y mediano plazo se plantea la apertura del segundo turno de 144 atención en aquellos hospitales que cuenten con disponibilidad de recurso humano, que les permita realizar cambios de jornada, de manera que no se incurra en gastos extraordinarios.

6. Promover el desarrollo y fortalecimiento de políticas orientadas a consolidar los derechos de las poblaciones vulnerables: indígenas, afrodescendientes y migrantes; al acceso de servicios de salud con respeto de su acervo: para que estas poblaciones también cuenten con disposición adecuada a estos servicios y en condición de igualdad (pág. 144).

• Asegurar el acceso y la calidad de las acciones de salud pública y servicios de salud respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones en apego al convenio 169 de la OIT.
• Se declarará al Hospital Tony Facio de Limón como multiétnico y pluricultural (afro, indígena, mestiza, china y migrantes).
• Mejorar el acceso a servicios de saneamiento básicos como agua apta para el consumo humano y disposición adecuada de residuos líquidos y sólidos, incorporando a las poblaciones vulnerables para asegurar aspectos de interculturalidad en la elaboración de políticas, planes, programas y proyectos en salud.
• Asegurar que el acceso a los servicios de salud y atención que se brinden sea bajo criterios de interculturalidad; buscando la coexistencia entre la medicina tradicional y la no tradicional, e incorporando a profesionales y no profesionales indígenas en la adecuación del modelo de atención.
• Se considerará la creación de un área de salud indígena de la población cabécar entre Turrialba y Limón, sustentada sobre la cosmología de dicha población, así como en Talamanca pionera en la construcción de la primera y única dirección regional indígena del País.

7. Alternativas para fortalecer las finanzas de la CCSS: Orientadas a la sostenibilidad del seguro de salud: la CCSS presenta problemas financieros que deben ser resueltos (pág. 144).

• Sistema de costos por servicios: Desde su llegada hasta salida, que representa un costo real.
• Se implementará un modelo complementario de asignación presupuestaria por capacitación, otorgando recursos al centro de salud según el número de pacientes adscritos, el presupuesto de las diferentes áreas se asignará según el flujo de pacientes, lo que permitirá medir el nivel del gasto, la gestión y generar responsabilidades.
• Se reestructurará el manual de puestos de trabajo disminuyendo el número de subcategorías con el establecimiento de clases anchas, evitando la inequidad en el pago de salarios por realizar las mismas tareas.
• Se deberá establecer la obligación legal para que todo costarricense y residente mayor de edad que goce de un ingreso, esté obligado a contribuir solidariamente al régimen de Enfermedad y Maternidad.
• Se flexibilizará el sistema de aseguramiento para trabajadores independientes: Amnistía; hacer más accesible el costo del aseguramiento, tomando como base el ingreso neto o la ganancia obtenida; descuento de hasta un de la cuota estimada, si el trabajador no tiene asegurados indirectos; eliminar barreras administrativas innecesarias; creación de una plataforma de trámite virtual; eliminar el pago del 20% para realizar un arreglo de pago para todo trabajador independiente, por única vez, los adeudos de los trabajadores independientes dedicados a actividades no profesionales que mantengan una cotización permanente a partir de su aprobación; o equiparar el porcentaje de cotización de un trabajador independiente con un trabajador asalariado.
• Se creará una nueva modalidad de aseguramiento: “Sistema de Protección Social Universal” (SPSU) que garantiza la universalidad en la cobertura y atención de la población no asegurada por el régimen contributivo, en el primer nivel de atención, permitirá participar en el mercado conformado por turistas, extranjeros que realizan visitas de negocios en el país y los denominados nómadas digitales.
• Se desarrollará el turismo médico, mediante alianzas público-público y público-privado, contribuyendo a la diversificación productiva del país, mediante el impulso de un clúster estratégico, fortalecimiento simultáneamente el sistema nacional de salud y generación de ingresos financieros de forma sostenible para la solución de temas de salud pendientes.
• Laboratorios parenterales, favoreciendo su automatización y fortalecimiento produciendo la totalidad de demanda CCSS y con posibilidad de ventas de sueros de alta calidad a la región.
• Fábrica de medicamentos.
• Se adoptarán metodologías de gestión de la Arquitectura Institucional y el involucramiento de ingenieros de procesos en la estructura de los centros de salud, para asegurar a nivel operativo la minimización de los costos.

II. Bienestar animal

1. Promover el bienestar animal para que disfruten de unas condiciones de vida adecuadas a sus necesidades y gocen de buena salud: Los animales domésticos y silvestres deben contar con condiciones de vida digna, con manejo ético y protección de sus hábitats (pág. 146).

• Mejorar las condiciones de las Áreas Silvestres Protegidas y Parques Nacionales.
• Enseñanza del contenido temático de los temas transversales de educación ambiental, principalmente “Educación para el respeto a toda forma de vida” incluido en el programa educativo del MEP. Es muy importante sensibilizar a niños y jóvenes para que adquieran una conciencia ambiental y animal.
• Aprobación de una legislación que permita coordinar entre las ONG´s, rescatistas, gobiernos locales y SENASA, para el control de población de fauna urbana por medio de las castraciones y con dispensarios de salud o clínicas de atención a animales domésticos en desventaja social, viéndolo como un problema de salud pública que debe ser abordado por el Estado.
• Creación de protocolos en el Ministerio de Seguridad Pública y en las Policías Municipales, para el abordaje de denuncias en casos de negligencia en la procura del bienestar animal, abandono, crueldad y maltrato de animales, estableciendo una coordinación funcional fluida entre el MSP, SENASA, OIJ y Ministerio Público.
• Creación de una oficina de Bienestar Animal en Casa Presidencial, con funciones como asesora y facilitadora de estos enlaces interinstitucionales.
• Creación de la Fiscalía de Bienestar Animal en el Ministerio Público, para contar con personal calificado y dotar de recursos al Poder Judicial para el cumplimiento de la ley 9458.
• Fortalecimiento de SENASA y creación de una Dirección de Bienestar Animal para la atención y abordaje de las denuncias, y crear alianzas con ONG’s y casas cunas para la recuperación de los animales domésticos decomisados hasta darlos en adopción. Además, para el caso de decomiso de gallos de pelea, dotación de equipo para que tengan un trato digno.
• Apoyo del Poder Ejecutivo para la aplicación de la ley de Vida Silvestre y su Reglamento.

III. Deporte

1. Hacer de Costa Rica una potencia deportiva y recreativa: Con efectos positivos en la salud de las y los costarricenses, generación de empleo (pág. 148).

• Fortalecer la promoción de la salud y prevención de la enfermedad a través de la implementación de programas actividad y ejercicio físicos en el primer nivel de atención de la CCSS.
• Apoyar y consolidar la creación del Colegio de Ciencias del Movimiento Humano.
• Se fomentará 150 y garantizará la realización actividad física y deporte para mejorar la salud de las personas, familias y comunidades; a través de la planificación y realización de diversos eventos especiales masivos de carácter festivo y recreativo; asimismo, estimulará la participación de las empresas públicas y privadas para que ofrezcan el tiempo y espacio idóneos para la práctica de la actividad física y ejercicio físico para la salud de las personas trabajadoras.
• Apoyar a las empresas en la elaboración de programas de ejercicios especiales, orientados a desarrollar y perfeccionar las aptitudes físicas y la salud de las personas trabajadoras. Eso implica impulsar la Recreación Laboral en alianza Ministerio de Trabajo -CCSS-ICODER-Ministerio de Salud, para su promoción y desarrollo en empresas medianas, grandes y PYMES, en razón de su impacto en el bienestar de la persona trabajadora y la mejora de la productividad empresarial. Así también, la creación de la certificación tipo “Bandera Azul” de la actividad física y el ejercicio físico, para las empresas privadas e instituciones públicas que implemente modelos de “Espacios Activos”.
• Consolidar el establecimiento de una estructura de gestión en las federaciones deportivas capaz de ejecutar los planes y proyectos específicos según las obligaciones establecidas en la normativa nacional, en beneficio del proceso de masificación, capacitación y alto rendimiento, promoviendo la participación de las mujeres, el acceso y la igualdad de oportunidades.
• Velar por la atención integral de las personas deportistas sin discriminación alguna. El Estado adoptará las medidas necesarias para facilitar su preparación técnica; su incorporación al sistema educativo y su desarrollo social y profesional en función de sus condiciones socioeconómicas, técnicas y deportivas.
• Estimular el Deporte máster desde el ICODER y las federaciones como programa permanente de las asociaciones y federaciones que reciben subsidios del Estado en su acción inclusiva y promotora de salud.
• Mejorar la seguridad, iluminación y recuperación de espacios para la actividad física, el deporte y la recreación, para el uso sostenible por parte de la población, a través de alianzas público-privadas, públicas-públicas y cooperación internacional. I. Promoción del turismo recreativo y deportivo de competencia y de convenciones de capacitación, actividad que distribuye riqueza al estimular la productividad del sector turismo de MIPYMES y beneficia los objetivos del deporte y la actividad física en todas las categorías y modalidades.
• Impulsar y apoyar a las PYMES de la actividad física, el ejercicio físico, el deporte y la recreación dentro los programas nacionales de producción, innovación y emprendimiento.
• Fortalecer el deporte y la actividad física para personas en condición de discapacidad. El presupuesto del ICODER al igual que para el deporte de alto rendimiento, incluirá las partidas ordinarias de financiamiento al deporte paralímpico para que permita su planificación, crecimiento y desarrollo de manera permanente. Reforzado compromiso para Olimpiadas Especiales.
• Ajustar los ciclos de Juegos Deportivos Estudiantiles, Juegos Deportivos Nacionales y los 151 Juegos Deportivos Universitarios.
• Reorganizar y promover la educación física, desde la primera infancia y a nivel primario.
• El ICODER ofrecerá soluciones presupuestarias u opciones bajo convenio institucional, para aportar complementos financieros y programáticos de calidad en los cantones de menor desarrollo social, priorizando entre ellos, aquellos de mayor densidad poblacional sabiendo del impacto positivo no solo para la salud y bienestar sino para la seguridad ciudadana.
• La actividad física, la recreación como coadyuvante para la contención del delito y la inseguridad ciudadana, abrirá los espacios y brindará facilidades para que la Fuerza Pública continúe con sus programas de voluntariado social de promoción en las comunidades en riesgo social y zonas prioritarias, en coordinación con los comités cantonales de deporte y recreación, así como con las redes cantonales de actividad física e ICODER.
• Los modelos deportivos pioneros son fuente de inspiración para los nuevos atletas; por eso la actualización del Reglamento de la Galería Costarricense del Deporte se debe impulsar los esfuerzos de la asociación de la galería por la creación del Museo del Deporte.
• Incentivar el uso de modelos alternativos de movilidad activa como la bicicleta a nivel local y nacional, como medio de transporte en el desarrollo sostenible. Se apoyará decididamente el desarrollo de ciclovías y ciclovías recreativas a nivel nacional.
• Modernizar la ley de ICODER, para fortalecer el trabajo con los comités cantonales de deporte y recreación, municipalidades, federaciones, universidades, ICODER y rol del MIDEPOR.
• Concretar la construcción de grandes proyectos de infraestructura para el deporte y la recreación; como lo son el Parque del Bicentenario y un Nuevo Gimnasio Nacional.

COMUNICACIÓN

1. Transformación Digital: Acelerar el cierre de la brecha digital (pág. 83).

• Emprenderemos las acciones que desde el Poder Ejecutivo correspondan para que se eleve la calidad de las redes financiadas con recursos de FONATEL en las zonas transfronterizas y costeras con el despliegue de Fibra Óptica Rural.
• Ampliar las redes que garanticen tanto a los habitantes de las zonas vulnerables como a los nómadas digitales que los servicios digitales estén disponibles en todas partes, y que sean asequibles y accesibles para todos.
• Conexión de al menos 200 puntos digitales en zonas de atractivo turístico (Proyecto wifi).
• Promoveremos el desarrollo de las competencias digitales con el fin de mejorar la competitividad del país y reducir la brecha digital de apropiación (alfabetización). Se promoverá, con los recursos de FONATEL, la inclusión digital, fomentando el acceso, la accesibilidad, la asequibilidad y el uso de las telecomunicaciones en todos los cantones del país, especial atención daremos las mujeres y las niñas, los jóvenes y las poblaciones vulnerables, las personas de bajos niveles grupos económicos, pueblos indígenas, personas mayores y personas con discapacidad.
• Capacidades Digitales, la educación formal e informal tendrá como aliado a la conectividad de los hogares de población vulnerable a largo y ancho del país y los centros educativos y comunales de las zonas rurales que sirvan de centros de formación de conocimiento y habilidades.
• Se conformará una alianza nacional con las Universidades, ONG’s, INA, MEP, Comex (CINDE), CONAPAM, Ministerios de Trabajo (Empléate) para diversificar todos los medios posibles de formación y alfabetización digital.
• Otorgaremos los equipos tecnológicos a los centros de formación que permitan a los estudiantes de bajos recursos que hoy se encuentran fuera de la educación formal desarrollar adecuadamente sus habilidades digitales.
• Desarrollaremos un entorno propicio para la innovación, donde los avances en nuevas tecnologías se conviertan en un motor clave del desarrollo nacional.
• Impulsaremos la licitación de 5G, con el fin de que los recursos de las licitaciones/ obligaciones contractuales se utilicen para la conectividad y equipamiento de los Hospitales Inteligentes comenzando por los hospitales rurales.
• Habilitaremos los espacios experimentales (sandbox) atrayendo así a los líderes tecnológicos y locales puedan desarrollar nuevas tecnologías y en Costa Rica tengamos las primeras pruebas de internet de las cosas.
• Ordenaremos la gobernanza del sector telecomunicaciones, para que dejemos atrás 10 años de contradicciones por medio de la Reforma parcial a la Ley General de Telecomunicaciones.

DERECHOS HUMANOS

I. Derechos Humanos.

1. Transversalización del enfoque de derechos humanos: Toda acción y visión política planteada en este Plan de Gobierno tiene enfoque de DDHH, por lo que se visibilizan los DDHH y los Objetivos de Desarrollo Sostenible que impactan, así como incorporan el componente de cambio climático que promueven, en condiciones de igualdad, equidad y no discriminación, priorizando en poblaciones históricamente vulnerabilizadas (pág. 56).

• Creación del Consejo de Comisionados Presidenciales de Derechos Humanos: Su creación, funcionamiento y atribuciones se regirán por el Reglamento Ejecutivo que se cree al efecto y su orientación programática obedecerá a la Política Pública General sobre DDHH, debiendo colaborar por su cumplimiento y seguimiento, con priorización en las poblaciones históricamente vulnerabilizadas. Su principal objetivo será unir esfuerzos y realizar las acciones necesarias para promover y proteger los DDHH, buscando llevar a la institucionalidad al máximo cumplimiento de estos, tanto con la población que atienden como con sus personas trabajadoras; asimismo, deberá dar seguimiento a las políticas relacionadas a grupos históricamente vulnerabilizados.
• Creación del Mecanismo Nacional Permanente de Diálogo sobre Derechos Humanos: mesa permanente en Casa Presidencial entre Estado, sociedad civil y organismos internacionales para el diálogo permanente, con la finalidad de elaborar periódicamente diagnósticos evaluativos, propuestas, estados de situación y visión de futuro de los DDHH.
• Creación del Sistema Nacional de Monitoreo de la Promoción y Protección de los Derechos Humanos: Sistema electrónico de información mediante el cual se medirá, cualitativa y cuantitativamente, el nivel de promoción y protección de los DDHH en el país.
• Elaboración de la Primera Política Pública General de Derechos Humanos y de igualdad y equidad integralmente y de prevención, erradicación y sanción de todo tipo de discriminación, tortura y trato cruel, inhumano o degradante: Se creará desde un proceso de formulación participativo, abarcando todas las obligaciones internacionales que ya tenemos como país y contemplando a todas las poblaciones históricamente vulnerabilizadas, sin dejar de abordar a las otras poblaciones.
• Creación del Museo Costarricense de Derechos Humanos: Servirá como un centro de promoción de la cultura de los DDHH, para educar a la población, incidir internacionalmente bajo el enfoque de DDHH y promover al país como un polo turístico en la materia.
• Creación Comisionados Municipales de Derechos Humanos: Se promoverá llevar la acción y visión política de los DDHH al máximo nivel político de los Gobiernos Locales, por medio de una reforma parcial al Código Municipal, en la que se introduzca el promover y defender los DDHH como una disposición programática para los Ayuntamientos desde el ámbito de sus competencias, creando un nivel de descentralización basado en enfoque de territorialidad que contribuya con el real goce de los DDHH.
• Promoción de un proceso participativo para la elaboración del Proyecto de Ley Marco de Derechos Humanos: Desde un proceso de formulación participativo, articulado por el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, se promoverá la creación del Proyecto de Ley Marco de Derechos Humanos, mediante el cual se establezcan los lineamientos jurídicos básicos para la promoción, garantía y defensa de los DDHH para todas las personas habitantes del país.
• Reforma a la Ley de la Defensoría de los Habitantes de la República: se pretende modernizar y fortalecer la figura del Ombudsperson, es decir, la institución nacional de derechos humanos de las personas habitantes, con la finalidad de otorgarle mayores herramientas para su labor, potenciar su eficacia, su credibilidad y cerrar posibles portillos de politización a los que se puede ver sometida.
• Proponer para estudio y valoración de la Asamblea Legislativa, la Declaración Universal de los Derechos Humanos Emergentes.
• Creación del Programa de Gestión Institucional de los Derechos Humanos (PGIDH), programa con metodología similar al PGAI, por el que se analizará el nivel de promoción, garantía y defensa de los DDHH en las instituciones; así como se creará la Norma Técnica para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, estándar voluntario orientada al Sector Privado, comunidades y otros niveles certificables.

II. Medidas específicas por sectores poblacionales

1. Población con discapacidad (pág. 58).

• Creación de mecanismos de fortalecimiento del CONAPDIS y Reforma a la Ley N°9303.
• Ley sobre diseño universal en infraestructura y movilidad: Se establecerán los parámetros técnicos para la implementación y aplicación del diseño universal en las obras de infraestructura y movilidad.
• Ley sobre turismo accesible e inclusivo: Se establecerán parámetros para la implementación y promoción del turismo accesible e inclusivo en el país, la exoneración de impuestos o incentivos en la importación de implementos de apoyo técnico y transporte turístico para dicho fin, el rol que tendrán las diferentes Instituciones y la articulación que deberán realizar, el involucramiento de las personas con discapacidad y ONGs en los procesos de planificación, consulta y validación. Se potenciará el turismo deportivo, cultural y tecnológico donde se podrá articular con el Organismo Internacional de Turismo Social y la Organización Mundial de Turismo para que fortalezcan los encadenamientos productivos en clústers con el propósito de dinamizar el sector.
• Ley para la eliminación de conceptos discriminatorios y armonización del concepto de “discapacidad” con enfoque de DDHH, en toda la normativa nacional vigente.
• Inclusión en los planes de estudio, la enseñanza de la Lengua de Señas Costarricense (LESCO) como asignatura optativa para estudiantes oyentes.
• Reforma a la Ley N°7566 para incluir intérpretes de la LESCO al servicio del 911 las 24 horas.
• Establecer servicio de Intérpretes de la LESCO para la comunidad sorda a través del ICE: El ICE a través de alguna de sus diferentes plataformas establecerá dicho servicio para que las personas sordas puedan realizar trámites en línea en Bancos, Centros de Salud o cualquier otra Institución Pública.
• Formalización de Intérpretes de LESCO: A través del INA se facilitará la formalización y certificación de intérpretes de LESCO. La enseñanza será impartida por personas sordas. Además, se iniciará el esfuerzo de crear la carrera universitaria de Interpretación de LESCO.
• Modificación a la Ley N°9379 para la Promoción de la Autonomía Personal de las Personas con Discapacidad, para ampliar las características para optar por la asistencia personal humana: Esto permitirá que no solo las personas en condición de pobreza y pobreza extrema puedan optar por dicho servicio, sino, además, las personas con discapacidad, que conforme el grado alto de necesidad de apoyo así lo requieren, para ello, el CONAPDIS establecerá las características y mecanismo para dicha valoración.
• Cambio del modelo de atención de los Hospitales Psiquiátricos hacia las personas con discapacidad mental y discapacidad psicosocial: A través de la CCSS y en articulación con personas con discapacidad mental y psicosocial, por medio de protocolos y modificación a reglamentos se cambiará el modelo actual de atención que se le da a este sector, por uno con un enfoque de DDHH.
• Impulso de la disciplina de las artes marciales para las personas con discapacidad: A través de los Comités Cantonales de Deportes y Recreación, en coordinación con el ICODER, se establecerán equipos multidisciplinarios para el impulso a nivel local de la disciplina de las artes marciales para personas con discapacidad.
• Programa de fomento y fortalecimiento del Deporte Paralímpico y Deporte Adaptado: El Comité Paralímpico Nacional (CPN) y el Icoder, en articulación con las Municipalidades y los Comités Cantonales de Deporte y Recreación, fomentarán a nivel local estos deportes, además se fortalecerán los mismos y también la infraestructura deportiva.
• Programas de formación cultural y artística y fomento del emprendimiento cultural: A través del MCJ y en articulación con otras entidades, se llevarán a cabo los programas formativos. Además, el fomento del emprendimiento cultural de este sector como una herramienta para incursionar y fortalecer el ámbito cultural y laboral.
• A través del “Programa de empleo 9-1-1”, se establecerá formación técnica y empleos dirigidos a las personas con discapacidad y otras poblaciones históricamente vulnerabilizadas.

2. Pueblos indígenas (pág. 59).

• Enfoque de participación en el abordaje de las problemáticas y construcción de las soluciones: El tratamiento de las problemáticas y la construcción de sus soluciones se realizará en estricto apego a los procesos de consulta a las poblaciones indígenas. Se fortalecerá la Unidad Técnica Indígena del Ministerio de Justicia y Paz, encargada de realizar la consulta, de manera que tenga contenido económico y humano suficientes y especializados, para hacer un buen proceso de consulta.
• Educación: Se retomará el enfoque de pluriculturalidad, desde la diversidad de costumbres, historias, trajes culturales y bajo la promoción de la educación comunitaria. Asimismo, se dotará a las aulas de personal en educación inclusiva, promoviendo también la accesibilidad y el diseño universal.
• Tierras: Se implementará un plan de recuperación de tierras indígenas, mediante el diálogo mediado por el Gobierno entre personas indígenas, no indígenas y asesorado por organismos internacionales. De otra parte, se promoverá la revisión y actualización de la Ley Indígena, con el afán de armonizarla con el Convenio 169 OIT, así como reformar el Reglamento de aquella. Asimismo, se analizará la inclusión de sanciones a dicha ley, así como la inclusión de la niñez y las mujeres, así como se regulará lo respectivo a la indemnización y/o recuperación de tierras, planteándola de manera equitativa entre hombres y mujeres.
• Economía y trabajo: Se creará un programa de inserción laboral para personas jóvenes indígenas. Así como se implementará un programa de créditos con tasas de interés favorables, estableciendo un porcentaje de la cartera de créditos no reembolsables, priorizando en los otorgados a las mujeres indígenas.
• Se impulsarán las microempresas y microemprendimientos de las mujeres indígenas. Se planteará la agilización de la tramitología, eliminando trámites burocráticos, así como se generarán un programa de capacitaciones. En este sentido, se enfocará en los emprendimientos de turismo ecológico y cultural.
• Salud: Se crearán un Plan Maestro para dotar de servicios de salud a los 24 territorios indígenas que se encuentran en el territorio nacional, aspirando a crear un EBAIS en cada uno de ellos, priorizando en los territorios con mayor déficit en el acceso a los Derechos de Salud y de Atención Médica, su ubicación geográfica y la valoración presupuestaria. Se realizará mediante una mesa especializada para la creación de una Alianza Público Privada entre Gobierno, pueblos indígenas, Caja Costarricense de Seguro Social, Organismos Internacionales, Agencias de Cooperación Internacional y Sector Privado.
• Mujeres: Se creará un plan transicional para la atención de la salud de las mujeres indígenas, donde se les dote de accesibilidad a los exámenes básicos, como mamografías, ultrasonidos, Papanicolau, entre otros, disminuyendo las listas de espera.
• Niñez: Se promoverán mayores oportunidades para la niñez en materia de aprendizaje de arte, deportes, ciencia, tecnología, emprendimiento, habilidades blandas, manejo de emociones, entre otros. Asimismo, se fortalecerá el equipamiento de las aulas en primaria y secundaria con diferentes herramientas e instrumentos. Finalmente, se trabajará en un esquema de atención inmediata para niños y niñas que viven violencia, de la mano de organizaciones de mujeres indígenas.
• Personas mayores: Se modernizarán los programas de pensiones para dar atención particular a las personas mayores indígenas. Asimismo, se promoverá la transversalización de la cultura indígena al brindárseles atención a su salud, garantizando que puedan estar acompañadas por sus familiares cuando se encuentren hospitalizados o sean atendidos por una persona médica, como asistentes personales, ya que por su cultura existe alta resistencia a la atención médica no tradicional.
• Derecho a la Nacionalidad: Se creará un régimen especial para el reconocimiento de la nacionalidad de las personas indígenas que viven y se desplazan entre el Parque Internacional La Amistad y Talamanca.
• Derecho a la autodeterminación y organización de los pueblos: Se promoverá la modificación a la Ley Indígena y normativa conexa, para establecer mecanismos de gobernanza y representación de los pueblos indígenas conformes a sus formas de organización.

Nota de UCR Electoral: Te recomendamos revisar el proyecto ‘¿Qué dicen los planes de gobierno sobre las diversidades étnico-raciales en Costa Rica?’.

3. Población LGBTIQ+ (pág. 61).

• Consolidación de derechos: Respetar, mantener y consolidar la normativa ya existente que garantiza los avances alcanzados para la población LGTBIQ+, así como propiciar el fortalecimiento de los DDHH y sus alcances, promoviendo la implementación plena de estos, dotándoles de certeza y seguridad jurídicas, así como estudiando las soluciones viables para la erradicación y sanción de comportamientos discriminatorios e inhumanos de cualquier tipo.
• VIH SIDA: Conforme al Derecho a la Salud y atención médica, se aspira a fortalecer los programas de salud orientados a garantizar el acceso a los medicamentos necesarios a las personas en condición de VIH-SIDA; asimismo, en cuanto al Derecho a la Calidad de Vida, se les garantizará el acceso a los programas nacionales e internacionales que les faciliten oportunidades de desarrollo, como educación y trabajo, sin ningún tipo de discriminación.
• El bienvivir de la comunidad Trans: Se propiciará un proceso participativo entre Gobierno, Sociedad Civil, ONG, Organismos Internacionales e Instituciones afines (como Colegios Profesionales), para la promoción del bienvivir de la comunidad trans, en busca de soluciones a las principales problemáticas que les aqueja, como salud, educación y empleo, así como prevenir la discriminación.

Nota de UCR Electoral: Te recomendamos revisar ‘Organizaciones LGBTIQ+ llaman a candidatos a dejar de amenazar los derechos humanos para ganar el voto conservador’, y siguiendo el tema ‘En respuesta a organizaciones, Figueres se compromete a mantener Comisionado Presidencial para población LGBTIQA+’.

Nota de UCR Electoral: En el tema de Derechos Humanos, la segunda vicepresidenta del candidato, Laura Arguedas ha desarrollado una importante presencia, te recomendamos revisar: ‘Laura Arguedas: “Liberación está proponiendo inclusión y la primera muestra de esa inclusión soy yo”’ y ‘Candidata a vicepresidencia del PLN: ‘A veces siento que se secuestra la agenda de Derechos Humanos, pero es muy amplia la que yo defiendo’’.

4. Población privada de libertad (pág. 61).

• Fortalecer y modernizar el Sistema de Adaptación Social, para garantizar el fin resocializador de las penas, así como los derechos de las personas privadas de libertad, priorizando en programas de estudios, trabajo, robusteciendo el programa de mecanismos electrónicos de monitoreo, remozando la Dirección General de Adaptación Social y el Instituto Nacional de Criminología y aprovechando los programas de las ONG e iglesias.
• Fortalecer los programas preventivos contra la comisión de delito y la drogadicción e incursionar en la creación de un programa nacional de valores morales y éticos.
• Creación del programa de capacitación y actualización en materia de DDHH para la Policía Penitenciaria, con un plan piloto que solicite 15 horas de capacitación anual.
• Elaboración de un protocolo que prevenga y sancione la tortura, los tratos crueles, inhumanos o degradantes para las personas privadas de libertad, el abuso de poder, la discriminación por cualquier criterio y la corrupción, en los centros de adaptación social.
• Promover una mesa de trabajo interinstitucional, para idear mecanismos innovadores que les permitan honrar los compromisos económicos de las personas privadas de libertad .
• Creación de un plan de mediano-largo plazo, para que promueva la creación de un EBAIS o Clínica de segundo nivel de atención en cada centro de adaptación social.
• Promover la creación de un modelo de centro de adaptación social -prisión- orientado a la resocialización de la persona, que le garantice sus DDHH y elimine el hacinamiento, que incluya un modelo de financiamiento innovador. H. Impulsar un programa de escuelas de reinserción sociolaboral basado en mejores prácticas internacionales.

5. Población mayor (pág. 62).

• Creación de mecanismos para el fortalecimiento del CONAPAM, teniendo en cuenta que la población mayor va en aumento y esta institución debe ser dotada de la capacidad suficiente para atender a estas personas.
• Programa Local de Voluntariado para la Educación: A través del CONAPAM en conjunto con el MEP y en articulación con las Municipalidades, se formará el programa con personas mayores educadoras pensionadas, con el fin de que, a través de sus conocimientos y experiencias, puedan dar apoyo educativo a niños y niñas estudiantes en riesgo social, para que mejoren su rendimiento escolar, fomentando hábitos de estudio.
• Programa de Guías: A través del CONAPAM junto al MCJ y en articulación con las Municipalidades, se creará un programa donde personas mayores podrán formarse y desenvolverse como guías en teatros, museos y bibliotecas, así como en eventos culturales, musicales, de cine, teatro, deportivos, entre otros.
• Reforma a la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor N°7935, con el fin de reforzar las acciones y darle un mayor rol que tenga que ver con el envejecimiento activo.
• Fortalecimiento de los programas de cultura, recreación y deporte: Se buscará apoyo de Organismos Internacionales y Cooperación Internacional, así como la articulación con las Municipalidades para bajar los programas a los territorios.
• Programa de promoción de estilos de vida saludables: estos serán enfocados primordialmente en mejorar la salud mental de las personas mayores.

6. Población afrocostarricense (pág. 62).

• Fortalecer las acciones y políticas encaminadas a lograr una Sociedad Libre de Racismo, Discriminación Racial y Xenofobia.
• Fortalecer y propiciar los mecanismos de participación de la cultura afrocostarricense en la planificación del desarrollo, principalmente en los territorios donde viven y se han desarrollado históricamente la cultura afrodescendiente: Los mismos se generarán a través del Ministerio de Inclusión Social y Derechos Humanos, junto a MIDEPLAN, personas de la comunidad afrodescendiente y organizaciones.
• A través del “Programa de Empleo 9-1-1” se generarán los apoyos necesarios a los emprendimientos de la comunidad afrodescendiente, prioritariamente el de las mujeres y personas jóvenes, así como la formación técnica para la incorporación de la comunidad en los clústers.
• Reconocimiento del Estado a los aportes de la cultura afrocostarricense en el desarrollo nacional y creación de un programa para el aprovechamiento e incentivo de estos aportes.
• Revisión de los perfiles criminales y de persecución penal, para evitar que tengan sesgos de discriminación racial contra la población afrocostarricense.
• Creación de un programa general de sensibilización sobre los derechos de la población afrocostarricense.
• Fortalecer las políticas públicas de acceso al empleo mediante la incorporación del enfoque de DDHH, de modo que se eviten y prevengan comportamientos discriminatorios dirigidos a la población afrocostarricense en materia de empleo, desde los anuncios de ofertas laborales hasta las terminaciones de relaciones laborales y sus efectos posteriores.

Nota de UCR Electoral: Te recomendamos revisar el proyecto ‘¿Qué dicen los planes de gobierno sobre las diversidades étnico-raciales en Costa Rica?’.

7. Población en situación de calle (pág. 63).

• Creación de un programa de atención integral para personas en situación de calle: educación, empleo, salud, deporte y cultura, serán los principales temas que abordará dicho programa, mismo que será articulado con las Municipalidades y se buscará financiamiento a través de Organismos Internacionales y Cooperación Internacional.

AMBIENTE

Nota de UCR Electoral: 

Las propuestas ambientales de los programas de gobierno de los candidatos fueron revisados por el ingeniero M.Sc. Enrique Acuña Acosta, de la Escuela de Ingeniería Industrial, docente del Departamento de Sistemas Organizacionales Sostenibles, coordinador del equipo asesor ambiental de la Universidad de Costa Rica y coordinador del Laboratorio de Energías. Señala que en el plan de gobierno se hace un planteamiento inicial acertado y conveniente desde  la sección de Ambiente y Energía, ya que se parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Sin embargo, no se indica cómo se determinó la priorización, ni la fuente o referencia del cual se toman o parten los ODS a los que el plan les va a dar prioridad.

I. Sector Agropecuario.

1. Potenciar el desarrollo productivo y sostenible del sector agropecuario, de pesca y acuacultura como motores de bienestar y empleo en las zonas rurales y costeras de Costa Rica (pág. 112).

• Gobernanza institucional: Reorganizar el sector agropecuario, reforzando el rol rector del Ministerio de Agricultura y Ganadería, haciendo los ajustes legales necesarios para una eficiente implementación.
• Financiamiento: Garantizar acceso al crédito en condiciones favorables y adaptadas a los ciclos productivos de cada subsector, por medio del Sistema de Banca para el Desarrollo u otros. El fondo de avales será clave para habilitar el acceso de productores que históricamente han estado marginados del financiamiento bancario.
• Comercio internacional: Fortalecer la Dirección de Defensa Comercial, para una que realice sus funciones en forma técnica, efectiva, apolítica, para prevenir condiciones comerciales desleales.
• Asistencia técnica: Fortalecer asistencia técnica al sector con extensión agropecuaria, por medio de capacitación, en uso de agricultura climáticamente inteligente, nutrición que minimice el uso de insumos importados, manejo de información, costeo, etc. (con énfasis en pequeños productores).
• Comercialización: Perfeccionar el Programa de Abastecimiento Institucional (PAI) y apoyar mecanismos de comercialización innovadores, incluyendo el comercio electrónico y los esquemas de responsabilidad empresarial que practican algunas cadenas comerciales, con el fin de favorecer una mayor retribución al productor por su trabajo.
• Insumos agropecuarios: Mejoramiento de la transparencia de los mercados de insumos agropecuarios mediante el monitoreo de precios y su divulgación (Convenio SEPSA-MEICEXTENSIÓN MAG).
• Asociatividad. Estimular la creación y fortalecimiento de modelos asociativos y colaborativos de productores, que faciliten la asistencia del Estado y el aprovechamiento de economías de escala en compras de insumos, comercialización y otras actividades productivas.
• Legislación: Aprobar el proyecto 22.437 Ley para el registro de agroquímicos, que mejorará la productividad agrícola, favoreciendo la salud humana y de los ecosistemas.
• Impuestos: Mantener canasta de productos agropecuarios exonerada o con IVA de 1%.
• Dar incentivos a productores nacionales de inóculos microbianos, de productos orgánicos y de bioestimulantes que sean usados en la agricultura regenerativa. Simplificar al máximo los trámites de registro de los productos en referencia.
• Brindar la capacitación adecuada a los profesionales y técnicos del MAG, para que estos puedan transferir la tecnología y el conocimiento necesario a los productores interesados en practicar la agricultura regenerativa.
• Fomentar la investigación científica en todos los tópicos relacionados con la agricultura regenerativa y orgánica. Esta investigación sería llevada a cabo por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Centro Nacional de Investigación en Biotecnología (CENIBIOT) y las principales universidades públicas (UCR, ITCR y la UNA).
• Crear un sistema de pago por “servicios ambientales” para aquellos agricultores que practiquen la agricultura regenerativa y que, como resultado de la misma obtengan aumentos en el contenido de MO en el suelo de sus fincas. Esto implica la necesidad de crear un laboratorio estatal especial para el análisis del contenido de MO en las muestras de suelo y de otras variables de interés.
• Restringir la importación de productos agroquímicos que son altamente tóxicos y de difícil degradación en el ambiente y hacer más estrictos los requisitos para el registro de aquellos productos cuyo uso sea permitido.

II. Ambiente y energía

1. Pacto Verde por el Clima: Promoviendo la transición hacia una economía verde y el liderazgo internacional de Costa Rica como un modelo de desarrollo sostenible. Para ello se priorizan cinco ejes: seguridad hídrica nacional, biodiversidad, pacto azul por el océano, energía y movilidad, y economía circular (pág. 129).

• Promulgar Ley Marco del Agua, con MINAE rector y una Dirección Nacional de Aguas robusta.
• Modernizar el subsector de servicio público de agua y saneamiento.
• Modernizar institucionalidad de riego.
• Participación de los beneficios de la conservación: Concesión de servicios no esenciales a comunidades
• Propiciar la restauración de trama verde en entornos urbanos: Consolidar al menos 10 Parques Naturales Urbanos en los cantones de la GAM y fortalecer la red de Corredores Biológicos Interurbanos existente.
• Ampliar la cobertura y flexibilidad del reconocimiento de servicios ecosistémicos.
• Apoyo al fortalecimiento del Sector Forestal como productor de bienes y servicios de relevancia para la economía verde.
• La responsabilidad debe ser compartida: municipios, comunidades, sector privado.
• Implementar mecanismos financieros para asegurar que parte de las divisas por turismo regrese a los mares y áreas marinas protegidas en forma de conservación e infraestructura.
• Incentivar el turismo comunitario, mediante el apoyo a las Asociaciones de Desarrollo de las zonas costeras.
• Aprobar una nueva Ley de Navegación. La legislación actual es arcaica e insuficiente. Existe, desde hace varios años, un proyecto de ley para una nueva ley de navegación moderna, este proyecto debe ser revisado y aprobado.
• Firmar convenios internacionales clave como el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS) y el Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques (MARPOL).
• Eliminar el exceso de trámites para registrar embarcaciones, situación que da como resultado la informalidad (embarcaciones no registradas, principalmente de pescadores artesanales), y el registro de embarcaciones en Panamá.
• Los puertos nacionales tienen que ser proactivos en temas ambientales (ruido, calidad de agua y aire, eficiencia energética, manejo de desechos, dragado, etc) y sociales (relaciones con comunidades y trato de colaboradores).
• Modernizar el Núcleo Náutico Pesquero del INA.
• Descarbonizar el transporte marítimo.
• Fortalecer INCOPESCA.
• Generación de valor agregado mediante la mejora de infraestructura pesquera clave y de la comercialización.
• Fortalecimiento de capacidades empresariales y asociativas de organizaciones de pescadores.
• Fondos accesibles para desarrollo de proyectos de economía azul. INCOPESCA debe garantizar el interés público y no sesgado. Las decisiones deben ser basadas en ciencia y para esto se debe impulsar una mejor investigación pesquera.
• Políticas públicas y marco normativo que ayude a disminuir y prevenir la pesca fantasma.
• A fin de impulsar el empleo, se puede fomentar la maricultura.
• Es necesario impulsar la pesca de atún, y no simplemente vender permisos de pesca a embarcaciones extranjeras que compiten con la flota comercial nacional y la flota deportiva turística nacional.
• Las embarcaciones nacionales podrían utilizar métodos como el pole and line y el palo verde (green stick) para capturar atunes de la más alta calidad y valor, y con prácticamente cero pesca incidental.
• Devolver condición de vida silvestre a especies que se encuentren declaradas como amenazadas o en peligro de extinción por la UICN o incluidas en apéndices de la CITES.
• Diseño y creación de más Áreas Marinas Protegidas (AMP), para llegar a una cobertura del 30 por ciento.
• Es urgente diseñar mecanismos que ayuden a cerrar la brecha financiera y el manejo efectivo de las AMP.
• La actual Ley de Aguas data de 1942, es urgente modernizarla.
• Desarrollar un plan para el financiamiento y adopción de nueva infraestructura para el saneamiento de aguas en el GAM.
• Con el sector agropecuario, impulsar la adopción de buenas prácticas que lleven a la reducción en el uso de agroquímicos y un mejor manejo de las aguas.
• Diseñar e implementar una campaña nacional de comunicación para reducir la contaminación
• Garantizar una correcta implementación de la Ley de Gestión de Residuos Sólidos.
• Impulsar el primer “Plan de Gestión de Residuos”. II. Adherirse al Sistema del Tratado Antártico, la participación de Costa Rica ayudaría a representar intereses de investigación, conservación y colaboración. J
• Trabajo en bloque con países aliados en las discusiones internacionales en torno a la reducción y eliminación de subsidios pesqueros.
• Liderazgo en la promoción del tratado internacional para la conservación y manejo de la biodiversidad marina en alta mar.
• Participación en la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos.
• Considerar la creación de un puesto de “Director de Asuntos Oceánicos” en Cancillería.
• Fortalecer los laboratorios de producción de semilla para especies de acuicultura de agua dulce y marina, asegurando disponibilidad de semilla de calidad, asistencia técnica y monitoreo.
• Implementar el Plan Estratégico de Acuicultura en Costa Rica 2019-2023. Además se construirá un atlas nacional de áreas con potencial para el desarrollo de proyectos de acuicultura y la integración de esta información en los planes de ordenamiento territorial de las municipalidades y otras instituciones.

Nota de UCR Electoral: La propuesta anterior promueve la transición hacia una economía verde y el liderazgo internacional de Costa Rica como un modelo de desarrollo sostenible. Para esto, se priorizan cinco ejes: seguridad hídrica nacional, biodiversidad, pacto azul por el océano, energía y movilidad, y economía circular. Esta posición muestra el conocimiento insuficiente que se tiene sobre los esfuerzos realizados en los últimos años a raíz del proceso de adhesión de Costa Rica al OCDE, que desembocaron en la creación de la Estrategia Nacional de Bioeconomía Costa Rica 2030, lanzada por el Ministerio de Ciencias, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), en agosto del 2020. Esta estrategia ya toma en cuenta al menos cuatro de los cinco ejes del plan; por ejemplo, la línea de acción cuatro del Eje estratégico tres señala: Biorrefinería de biomasa residual se refiere a "Atraer inversión extranjera a los sectores de biotecnología verde (agrícola), azul (recursos acuáticos), gris (biorremediación) y blanca (industrial)". El país no puede continuar recomenznado o repitiendo esfuerzos y desechando de lado otros anteriores. Se debe investigar lo que el país ha hecho, continuarlo y reutilizarlo, no comenzar con estrategias nuevas que repiten lo que ya se ha estudiado y preparado con grandes equipos y largo tiempo (Acuña, 2022).

Nota de UCR Electoral: También, falta incluir las diferentes formas principales de la energía azul (undemotriz, mareomotriz, gradiente térmico, gradiente salino, corrientes marinas, eólico, "offshore"), se sabe que Costa Rica tiene 10 veces más superficie en el océano que en tierra, es crítico tomarlo en cuenta cuando se habla de energía. No se menciona el apoyo a la investigación en estos campos, como la que realiza el Dr. Georges Govaere del IMARES de la Universidad de Costa Rica, quien ha indicado en sus trabajos que el "potencial energético del oleaje del Pacífico de Costa Rica es muy alto". En este caso, la falta es doble, porque el plan pretende darle un trato especial al océano con lo que denomina el "pacto azul por el océano", pero, de nuevo, no hace mención de ninguna de las formas de energía azul (Acuña, 2022).

Nota de UCR Electoral: Puede observar la participación de Jimmy Fernández, parte de la Comisión de Energía del PLN, en el programa Costa Rica en Juego, discutiendo acerca de 'RECOPE'.

2. Energía y movilidad (pág. 133).

• Creación de mercado interno de excedentes (generación Grupo ICE, distribuidoras de electricidad, generadores privados, generación distribuida) a precio competitivo energéticamente y que viabilice esquemas comerciales de transformación tecnológica.
• Elaboración y aprobación de un decreto para impulso de la generación distribuida, incluyendo las opciones para reconocimiento económico de excedentes y medición virtual que permita la generación y consumo en ubicaciones diferentes.
• Diseño de una tarifa eléctrica segmentada por tipo de cliente (hoteles, panaderías, movilidad, calderas) que permita competir contra los energéticos tradicionales (derivados de petróleo y gas natural).
• Promover desde el MINAE un plan de expansión de la generación (privada incluida) con visión de mercado energético, económicamente competitivo, resiliente, bajo en emisiones, que aproveche el mix de generación renovable variable y la firmeza del almacenamiento en baterías o hidrógeno, así como la geotermia. El Mercado Eléctrico Regional formará parte de ese plan de expansión, utilizando figuras comerciales que promuevan contratos firmes de mediano plazo, priorizando la energía renovable.
• Implementación de la política nacional para la producción, comercialización y exportación del hidrógeno verde, impulsando los encadenamientos productivos empresariales e institucionales alrededor de las energías renovables, así como su utilización en la industria electrointensiva y el sector transporte.
• Aplicación de lineamientos rectores, estratégicos e integradores, para las instituciones del sector energía, que logren la reducción de emisiones GEI como mínimo en un 4% por año.
• Crear las condiciones nacionales para fomentar la industria de reconversión de vehículos de combustión interna a eléctricos y biocombustibles.

Nota de UCR Electoral: Es importante resaltar la consideración muy valiosa del plan de crear estas condiciones nacionales. Esto sería muy importante para la mayor parte de la población y es totalmente posible. El INA ya ha incursionado en este campo hace varios años, pero falta más impulso y apoyo. Lo que no menciona el plan, y que es clave para el éxito, es detallar el cómo se va a realizar, o sea, falta que se explique el proceso de transición, cómo realizar el cambio o conversión de los vehículos de combustión interna a eléctricos (Acuña, 2022).

• Impulsar la reestructuración y modernización de RECOPE para que empiece la transición a los biocombustibles y e-fuels (power to fuels).
• Promover reforma legal energética (combustibles y electricidad), cuyo fin sea la competitividad económica empresarial, baja en emisiones, resiliente y renovable. (Ley ARESEP, MINAE, ICE, RECOPE, Cooperativas y Distribuidoras Eléctricas, CNFL, Generación privada y distribuida).
• Impulsar un programa de electrificación rural para asegurar el acceso al servicio eléctrico para el 100% de la población, sea con acceso a redes de distribución o generación distribuida.
• Atracción de fondos verdes para reformulación de deuda de las empresas energéticas del estado (RECOPE, ICE, CNFL)
• Desarrollo de una red de recarga (BEV, FCEV, e-fuels, biocombustibles).
• Promover reformas legales que permitan establecer plazos para la prohibición de importación de vehículos de combustión usados y nuevos, compra venta local de vehículos de combustión usados y nuevos, retiro, desmantelamiento y valorización de residuos de vehículos de combustión, promoviendo metas para la importación de vehículos con trenes motrices eléctricos (PHEV, BEV, FCEL), todo en un plazo de 15 años.
• Promover la sustitución de calderas y equipos de cocción en el sector privado, por medio de tarifas eléctricas competitivas y aprovechamiento del hidrógeno verde.
• Reforma a la Ley 9518 (impulso al transporte eléctrico), que permita ampliar el plazo de exoneraciones, la operación de centros de recarga, incluyendo la venta de hidrógeno y los porcentajes de exoneración según los tipos y fines de los vehículos.
• Promover compras nacionales de taxis y buses eléctricos, que permitan economías de escala, por medio de un fideicomiso bancario fondeado por recursos internacionales. Incluyendo bicicletas para los servicios de entrega.
• Reforma Energética: El ente que debía ser el rector, en el tema de energía, es el MINAE pero más bien, se ha enfocado al tema ambiental y se ha descuidado el tema de energía. Por otro lado, a otras instituciones (RECOPE, ARESEP, SETENA, AyA, ICE y CNFL), se les deberá realizar un análisis profundo para mejorar o modificar, sus funciones o actividades, generando instituciones modernas, ágiles, eficientes y eficaces.
• Operación de la Red Eléctrica: La Operación de la Red Eléctrica nacional, la realiza el ICE por medio del CENCE, se propone que más bien sea una actividad que deberá contar con autonomía para la toma de decisiones, es decir, que sea independiente del ICE.
• Planificación Energética en el MINAE: Actualmente el ICE realiza la planificación energética del país, pero se debe de delegar al ente rector (MINAE) esta función.
• Generación de excedentes de Energía Limpia: Promover las facilidades necesarias para que la Energía Limpia que se genere, cuente con los mecanismos para su comercialización, tanto a nivel nacional como regional.
• Crear el Centro Nacional de Energías Renovables (CENER): Debido a las condiciones naturales de nuestro país, contamos con diferentes fuentes renovables de energía y diversos proyectos para generación de energía, pero no tenemos un Centro de Investigación, con equipo y personal altamente calificado que estudie alternativas tecnológicas para optimizar su uso.

Nota de UCR Electoral: Se menciona muy a la ligera el uso de hidrógeno a la par de baterías para almacenamiento de energía. No queda claro a que se refiere el Plan de Hidrógeno en este caso. El hidrógeno se puede ver como una fuente de energía calórica, pero el trato que se da en general en el plan es más dirigido a las celdas de combustible, donde se produce electricidad, mas no calor. Falta presión en ciertas partes de la exposición en esta sección (Acuña, 2022).

Nota de UCR Electoral: Se deja de lado un tratamiento comprensivo y exhaustivo de las energías o tecnologías alternativas. En general, se hace un trato incompleto de la enegía. Otro ejemplo de esto es la geotermia, que aunque se menciona una vez, se hace en forma tímida e imprecisa. En Costa Rica se puede hacer más investigación en este campo, más allá del realizado por el ICE para las grandes plantas geotérmicas, se debe pensar a toda escala; es decir, se debe investigar la utilización de la geotermia de baja escala más superficial para usos térmicos y eléctricos residenciales e industriales. Por otro lado, tampoco se consdiera la energía biomásica, por ejemplo, con tecnología de biodigestión, o, inclusive unida a la producción de hidrógeno (Acuña, 2022). 

Nota de UCR Electoral: En la sección dedicada a la Economía Circular, en términos generales se hace un trato acertado al mencionar los ciclos técnico y biológico del proceso de diseño que exige la economía circular, pero se comete un error grave al incluir como una de las dos prioridades la siguientes: "crear una estrategia país para dotar y/o fortalecer la creación de centros de recuperación de materiales valorizables en los cantones o regiones". El concepto de reciclaje o de recuperación de residuos valorizables no debe confundirse con la economía circula: el hacer reciclaje no implica que se esté haciendo economía circular; son conceptos diferentes. Esto deja entrever una deficiencia en el conocimiento del concepto básico de economía circular (Acuña, 2022).

Nota de UCR Electoral: Puede revisar las infografías realizadas por la Red de Investigación y Desarrollo en Eficiencia Energética y Energías Renovables (Ride³r) acerca de las propuestas em el ámbito energético (ver infografía).

IGUALDAD DE GÉNERO

I. Igualdad de género.

1. Reconocer, reducir y redistribuir el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado y promover familias con bienestar (pág. 65).

• Educar y promover la construcción de familias corresponsables en el trabajo no remunerado; así como fortalecer y desarrollar las capacidades de las personas cuidadoras y el autocuidado. Elaborar y avanzar en la ruta de la universalización de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil. Fortalecer y expandir la Red de Cuido y Atención Progresiva de Personas Adultas Mayores.
• Declarar el derecho de cuidado, al que todas las personas podemos acceder en distintos momentos del ciclo de la vida, como un derecho universal y solidario, no sólo como política social sino como un potenciador de desarrollo, crecimiento económico y sostenibilidad de la seguridad social, al abrir la ventana de oportunidad a más de 1 millón de mujeres para integrarse a la población económicamente activa e incrementar la base contributiva.

2. Crear más y mejores empleos, en igualdad de condiciones que garanticen los derechos de las mujeres, en su diversidad de situaciones y condiciones de vida (pág. 65).

• Poner a las mujeres en el centro de las medidas de reactivación económica, como emprendedoras, con todas las herramientas necesarias a su alcance, tal como una banca de desarrollo con perspectiva de género, un Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que garantice medidas efectivas de protección, a las mujeres asalariadas contra la discriminación laboral.
• Facilitar el paso de la informalidad a la formalidad mediante la simplificación de trámites, establecimiento de un régimen contributivo más favorable por un término de 5 años, establecimiento de un sistema preferencial para emprendimientos femeninos debidamente certificados en las contrataciones públicas.
• Incrementar y facilitar la incorporación de las mujeres en las áreas más dinámicas de la economía (STEAM), mediante la motivación y estimulación en los programas de la educación temprana y escolar, en alianza MEP-INAMU-MICITT, pensadas en atraer a las niñas a estas áreas, establecimiento de cuotas mínimas de matrícula de mujeres en programas de educación dual, colegios técnicos, colegios científicos y promoviéndolo en los centros universitarios públicos.
• Programa de creación, incubación y aceleración de emprendimientos liderados por mujeres, incluidos aquellos de organizaciones de mujeres, que se centren en la innovación y el valor agregado y facilitar su inserción en las cadenas de valor. #Yoemprendedora. Contempla el impulso de la formación en idioma inglés y cursos de habilidades digitales que potencien los emprendimientos.

3. Incentivar el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres (pág. 66).

• Apoyar el proyecto de ley, hoy en conocimiento de la corriente legislativa, que busca prevenir, sancionar y erradicar la violencia en la política por razones de género. Además, asumimos el compromiso con su plena implementación.
• Propiciar e incentivar la participación política de las mujeres en condiciones de igualdad en los diferentes ámbitos del quehacer público y la toma de decisiones. En concreto, crear un programa, que le brinde a las mujeres herramientas formativas y presupuestarias con el objetivo de incrementar su elección como alcaldesas en los gobiernos locales.
• Crear sinergias y fortalecer programas de formación política para mujeres, por ejemplo, en alianza entre el Instituto de Formación y Estudios Electorales, el Instituto Nacional de las Mujeres, el Ministerio de Educación Pública y organizaciones de sociedad civil como Unión Nacional de Gobiernos Locales y la Red Costarricense de Mujeres Municipalistas; iniciando desde la niñez hasta adultas mayores; para su plena participación en todos los espacios de sociedad civil y político partidarios.

4. Robustecer el marco jurídico y el trabajo interinstitucional del Estado en favor de la igualdad de género y los derechos humanos de las mujeres (pág. 66).

• Realizar una profunda revisión de legislación vigente e identificar vacíos y ajustes necesarios para garantizar el reconocimiento, protección y disfrute de los derechos humanos de las niñas y las mujeres; así como la prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres. Con este fin, revisar la agenda pendiente de las mujeres, con las recomendaciones al país del Comité CEDAW y el Examen Periódico Universal (EPU), así como las recomendaciones de los distintos Comités de los Órganos de los Tratados.
• Fortalecer el liderazgo y las capacidades del Instituto Nacional de las Mujeres para el cumplimiento de sus fines y objetivos, al tiempo que se profundiza el alcance de su labor en el territorio nacional, para responder con pertinencia a las necesidades y problemáticas que enfrentan las mujeres, en su diversidad. Robustecer el acompañamiento a los mecanismos de género en las instituciones del sector público, las Oficinas Municipales y las organizaciones de sociedad civil.
• Liderar la articulación del trabajo interinstitucional de los tres Poderes del Estado y los Gobiernos Locales, en favor de crear y profundizar políticas, acciones y condiciones para la igualdad entre mujeres y hombres, en los distintos ámbitos de la vida (contempla profundizar los compromisos en la PIEG, dar seguimiento y evaluar cumplimiento). En este eje es fundamental que se concrete la planificación y presupuestación (presupuesto nacional como en el de cada institución pública), con perspectiva de género (interseccionalidad y acciones afirmativas para diferentes grupos de mujeres).

5. Tolerancia cero a violencias y discriminación contra las mujeres y niñas (pág. 67).

• Fortalecer las respuestas interinstitucionales (ej. PLANOVI), para prevenir, atender y sancionar la violencia contra las niñas y las mujeres, con un enfoque integral, interseccional y pertinente a sus realidades y necesidades. Corresponde formular e implementar protocolos de intervención integrales e intersectoriales con enfoque de género, derechos humanos, interculturales, con estándares de calidad para asegurar la no discriminación. El Consejo Nacional de Seguridad tendrá como una prioridad de trabajo, la prevención y atención de la violencia de género contra las mujeres y la coordinación de sus lineamientos de trabajo en esta materia con la policía municipal. Mejorar el acceso a la justicia, mediante convenios y alianzas para la prestación de servicios de asesoría legal a mujeres en situación de violencia y acompañamiento a las mujeres que solicitan medidas de protección, a fin de que dispongan de mecanismos de alerta eficientes en caso de afrontar situaciones de riesgo.
• Mejorar la calidez, calidad y cantidad de servicios de atención a las mujeres que sufren situaciones de violencia (CEAAM). Se contará al menos con una opción de albergue en cada provincia del país; con perfiles de ingreso y egreso de las mujeres y sus hijos e hijas; se garantizará la provisión de servicios de salud, atención psicosocial, procesos de formación humana para brindar mecanismos de prevención y, acceso a programas de capacitación para el empleo y emprendimiento.
• Implementar programas de formación en masculinidades para la igualdad en centros educativos, instituciones del sector público y, en alianza con organizaciones de la sociedad civil, organizaciones que reciban recursos del Estado y partidos políticos.

II. Formalización laboral y eliminación de brechas de género.

1. Promoción de la formalización, de la eliminación de las brechas de género y de la modernización legal e institucional del mercado laboral para adaptarlo mejor a un futuro del trabajo que ya llegó, acelerado por la pandemia (pág. 98).

• Formalización: Se establecerá una estrategia integral para reducir la informalidad, con dos grandes componentes, uno dirigido a reducir la informalidad empresarial, es decir en las MIPYMES, y la otra, la informalidad en el empleo, que está vinculada a ciertas ocupaciones caracterizadas por alta informalidad, como el empleo doméstico. Brechas de género en el mercado de trabajo: Se promoverá el empleo de las mujeres para aprovechar el llamado “bono de género”. Para lograr esto una condición indispensable es ampliar y profundizar la red de cuido y desarrollo infantil. También se tomarán medidas para eliminar las brechas salariales.
• Adaptación continua de las regulaciones laborales a las nuevas realidades de un futuro del trabajo que ya llegó, atendiendo a la calidad de las condiciones de trabajo y al respeto a los derechos laborales fundamentales: teletrabajo, trabajo en casa (Work from Home), trabajo desde cualquier lugar (Work from Anywhere), regulaciones laborales adecuadas para las plataformas digitales de empleo, etc.

Nota de UCR Electoral: Te recomendamos revisar ‘Mujeres en acción: “ningún candidato tiene autoridad moral o trayectoria política para presentarse como abanderado de nuestros derechos”’. También te puede interesar ‘Candidatas a vicepresidencias del PPSD y PLN muestran coincidencias en ideas de empleabilidad para mujeres’.

TERRITORIALIDAD

Se espera que los planes de gobierno integren de forma transversal el enfoque hacia comunidades, cantones o provinciales en específico. En el caso del programa de gobierno del Partido Liberación Nacional (PLN), no se menciona trabajos o propuestas específicas para los diversos territorios del país, pero sí se hacen diferenciaciones por sectores productivos/económicos.

Para finalizar, te recomendamos explorar la siguiente herramienta interactiva, que permite conocer la cantidad de propuestas de evaluación por partido político. El papel puede aguantar lo que le escriban, pero siempre es necesario analizar las propuestas de evaluación de las personas candidatas porque son las que, eventualmente, permitirán determinar si una acción dio resultados o no.